MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Acceso Justo al Medicamento (AAJM) afirma que Sistema Nacional de Salud (SNS) ahorraría entre 500 y 600 millones de euros de aplicarse en toda España la subasta andaluza de medicamentos, según se desprenden del informe 'Posicionamiento a propósito de la selección pública de medicamentos a dispensar en las oficinas de farmacia de Andalucía'.
A su juicio, se trata de "una cifra nada despreciable". Actualmente la facturación anual de medicamentos genéricos asciende a una cantidad que oscila entre los 2.500 y los 3.000 millones de euros al año. Un 75 por ciento de los mismos son susceptibles de incorporar a un procedimiento de competencia y concurrencia como el que actualmente se lleva a cabo en Andalucía, es decir, podrían ser objeto de concurrencia alrededor de 2.000 millones de euros al año de facturación al Sistema Nacional de Salud (SNS) a través de las oficinas de farmacia.
"El descuento promedio que realizan los laboratorios que concurren a las subastas es alrededor del 30%. En consecuencia, el ahorro esperado de forma aproximada a través de este sistema de selección estaría entre 500 y 600 millones de euros anuales", advierten.
Desde la asociación lamentan que no estén claros los motivos por los que "se rechaza un ahorro que podría revertir directamente en otras necesidades del SNS como adecuación y suficiencia de las plantillas, reducción de las listas de espera quirúrgicas o tecnología sanitaria". En concreto, señalan que "para rechazar las subastas públicas de medicamentos se utilizan argumentos como la equidad, la accesibilidad de los pacientes al tratamiento o la calidad".
Según se detalla en el informe, Andalucía viene realizando esta selección pública desde la aprobación del Decreto-Ley de medidas urgentes en Farmacia de diciembre de 2011. Esta medida fue impugnada por el Gobierno central aduciendo invasión de competencias del Estado y pérdida de equidad en el acceso a los medicamentos. El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado esta impugnación en varias ocasiones y ha confirmado que el procedimiento de selección pública de medicamentos es ajustado a Derecho.
En su opinión. "lejos de seguir el camino marcado por el Tribunal Constitucional, los acuerdos firmados entre Farmaindustria (patronal de los laboratorios innovadores) y el Gobierno de España, por medio de los Ministerios de Hacienda y Sanidad, dificultan a las Comunidades Autónomas incrementar la prescripción por principios activos y aumentar el volumen de genéricos utilizados, mientras favorecen el aumento del uso de marcas y de la factura farmacéutica".
Asimismo, la AAJM considera que "afirmaciones tales como que "los andaluces sólo pueden acceder a 400 medicamentos de los 14.000 disponibles" no se sostienen puesto que omiten que los ciudadanos de Andalucía pueden acceder exactamente al mismo número de principios activos que el resto de los españoles como ha dicho contundentemente el Tribunal Constitucional".
La AAJM también rechaza el pretendido problema de "desabastecimientos" que gratuitamente se adjudica al procedimiento de subastas de Andalucía. Para ello recogen datos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que no reflejan en Andalucía una situación diferente de casos puntuales de falta de algún medicamento, con respecto a otras Comunidades Autónomas.
Además, hacen hincapié en la acusación de menor calidad de los medicamentos procedentes de las subastas andaluzas. "Es una acusación muy grave que atenta contra la seguridad y garantías que debe ofrecer la AEMPS y, por lo tanto, el Estado. La falta de calidad de los medicamentos utilizados en la selección constituye una acusación irresponsable de la que no se precisa ni el laboratorio ni el medicamento al que va dirigida. Para escándalo y desinformación de la ciudadanía la acusación denuncia un atentado contra la salud pública sin rigor ni precisión y al que debe responder el Ministerio de Sanidad por medio de la AEMPS".
Finalmente, la AAJM recuerda en su informe que sistemas similares de selección pública de medicamentos al que se realiza en Andalucía es utilizado en Dinamarca a nivel estatal y por algunas Cajas de Salud de Alemania y Holanda.
