MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
Más de 280 juristas del ámbito académico, político y del ejercicio de la abogacía apelan en un manifiesto a la responsabilidad del Estado de tutelar los derechos fundamentales con la Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada.
Los firmantes consideran el debate del proyecto de ley "una oportunidad única para que la sociedad avance en el plano ético y social con el pleno reconocimiento de los derechos jurídicos del concebido y la protección social de la mujer ante la maternidad".
En la presentación del manifiesto este miércoles en el Club Financiero Génova en Madrid han intervenido los vicepresidentes eméritos del Tribunal Constitucional José Gabaldón López y Ramón Rodríguez Arribas, la abogada del Estado en la Audiencia Nacional Verónica Ester Casas, y la profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid María Calvo.
Los juristas ponen de relieve en el documento los derechos constitucionales del concebido: el derecho a la protección de su vida y destacan la "obligación que tiene el Estado de tutelarla como ser individual distinto a su madre, a través de un sistema de normas que protejan efectivamente su vida".
También advierten de que si el Legislador opta por la despenalización del aborto en supuestos concretos, al tratarse de un supuesto de ponderación de derechos de la mujer y del no nacido --por ejemplo, ante un grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada--, "debe asegurarse de que se trate de casos siempre rigurosamente demostrados".
"NO ES UN DERECHO DE LA MUJER"
"La protección constitucional de la que goza el concebido incluye la protección máxima, las normas penales, y obliga al Estado en los supuestos de despenalización del aborto a llevarla a cabo por otros medios, como la protección social", aseveran.
En el manifiesto subrayan la "dimensión social" del aborto, "íntimamente conectado con el concebido en desarrollo", además de su "dimensión privada", y subrayan que "no es un derecho de la mujer", según la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Los firmantes destacan la necesidad de "una adecuada protección social de la maternidad" que apoye a la embarazada y le facilite información sobre las ayudas a las que tiene derecho y las consecuencias médicas del aborto. Finalmente, advierten que la regulación del aborto debe respetar la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios que no quieran participar en ese tipo de prácticas.
ADHESIONES
Encabezan las adhesiones juristas y expertos constitucionalistas como Gabaldón y Rodríguez Arribas, así como las del ex Fiscal General del Estado Jesús Cardenal, el magistrado del Tribunal Supremo y exvocal del Consejo General del Poder Judicial José Luis Requero, el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral, o el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Rafael Losada
Firma también el secretario General de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Rafael Navarro-Valls, y miembros de distintos organismos públicos y organizaciones sociales como el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco.
El texto cuenta con la firma de catedráticos constitucionalistas como Francisco J. Díaz Revorio, Joan Oliver Araujo, Ángel Gómez-Montoro o Manuel Martínez Sospedra, también ex Senador, y entre los penalistas la de los catedráticos Jesús Mª Silva, Carlos Pérez del Valle y Pablo Sánchez-Ostiz.
Tras la preparación de este documento, se ha formado la Plataforma Juristas por la Tutela de los Derechos Fundamentales, con la web www.juristasyderechos.org, que se dirigirá a todos los firmantes con el deseo de mantener la coordinación y con la voluntad de mantener la participación en el debate sobre la reforma.
