MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
La propuesta de incluir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución española ha unido a las diferentes corrientes del feminismo, que, en declaraciones a Europa Press, apoyan la idea de que se blinde este derecho.
Sin embargo, esta propuesta ha dividido este miércoles al Gobierno ya que, mientras la ministra de Sanidad, Mónica García, apoya la medida propuesta por su partido al considerar que "ya hay consenso social independientemente del gobierno de turno", la ministra de Igualdad, Ana Redondo, del PSOE, ha descartado esta posibilidad.
En este sentido, La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, ha señalado que es "lógico" que Redondo no se plantee esta cuestión y que "descarte" ese camino en España, "porque entre sus socios de gobierno hay partidos de derechas que no apoyarían esa iniciativa". En todo caso, ha añadido que la titular de Igualdad "no debería de renunciar a tenerlo como aspiración , ya que hace 10 años su propio partido se pronunció en ese sentido, antes incluso de que lo hiciese Francia".
Por su parte, la Comisión 8M ha destacado que les parece "bien" que se blinde el aborto en la Constitución y que es una de sus "reivindicaciones históricas". "Nos parece bien que este derecho se blinde en la Constitución. Además, es un derecho que siempre tanto la derecha como la extrema derecha están dispuestos a arrebatarnos, por lo que nunca está garantizado y siempre tenemos que defenderlo. Ya hemos visto este ejemplo en otros países", ha indicado.
Igualmente, ha recalcado que, más allá de la garantía legal, "lo realmente importante", es "que el acceso al derecho al aborto se garantice de manera real y efectiva".
En esta línea, ha expuesto que les preocupa "mucho" que "solo un porcentaje irrisorio" de los abortos se lleve a cabo en hospitales públicos, así como que hay provincias españolas en las que no se realizan, como pueden Jaén, Teruel o Cuenca. "Eso conlleva que las personas de ese lugar tengan que desplazarse a otra provincia", ha lamentado.
Además, ha puesto de manifiesto el hecho de que las mujeres en situación administrativa irregular no tengan acceso a ese derecho fundamental al no tener garantizado el acceso a la sanidad. "Nosotras queremos poner en el foco en que se implemente de manera adecuada en las comunidades autónomas y en la sanidad pública, porque si hay recortes en sanidad, hay recortes en este derecho, en el derecho al aborto. Entonces necesitamos una sanidad gratuita, universal y, por supuesto, feminista", ha subrayado.
PROPOSICIÓN DE LEY EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS
La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha avanzado este miércoles que esta formación quiere incluir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución española. Según han especificado fuentes de Sumar a Europa Press, la idea de la formación pasa por presentar una proposición de ley al respecto en las próximas semanas, para lo que necesitarían el apoyo de más grupos del arco parlamentario, con el fin de "recoger el testigo" de Francia, que ha inscrito explícitamente en su Constitución el derecho al aborto.
Precisamente, en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Vidal ha señalado que "han hablado con todos los grupos parlamentarios" sobre esta propuesta. "De momento, simplemente lo que hemos hecho es abrir este debate", ha precisado la portavoz, que espera que esta propuesta sea "un punto de partida" que se pulirá en las próximas semanas.
En este sentido, la ministra de Sanidad ha apoyado en un tuit en X (antes Twitter) la necesidad de "blindar el derecho al aborto en la Constitución, siguiendo el ejemplo de Francia. Ya hay consenso social para garantizar el acceso a un aborto seguro, libre y gratuito en la pública, independientemente del gobierno de turno. Vamos a ello", ha enfatizado.
Sin embargo, durante la presentación de la campaña oficial del Ministerio de Igualdad por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo bajo el lema '8M con M de Muévete', la ministra Ana Redondo ha descartado seguir el camino de Francia en este asunto.
Según ha explicado Redondo, el proceso de reforma en el caso español es "muy exigente" y "realmente agravado", a parte de que requiere de "enormes consensos". Así, la ministra cree que "no se dan las condiciones" para llevarlo a cabo y que hay que incidir en hacer lo posible para que las mujeres en España puedan ejercer su derecho al aborto, recogido en una "buena" ley que fue aprobada en 2020.
