MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM) pide al Ministerio de Sanidad que recurra el sobrecoste de más de 430 millones de euros que supondrá para el Sistema Nacional de Salud en los próximos 3 años la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona de prohibir la venta del anticoagulante genérico de apixabán, un fármaco que consumen más de 375.000 pacientes en España.
Así lo ha expresado la nueva presidenta de la AAJM, la doctora Soledad Cabezón, en un desayuno informativo celebrado este lunes en la sede de la Organización Médica Colegial para presentar la hoja de ruta de la nueva junta directiva de esta asociación.
Este fármaco tenía un coste hasta ahora bajo patente de 81,96 euros. En el caso de que la patente se considere que ha caducado, tendría una reducción del 50 por ciento (45 euros). "En el caso de que esto no se lleve a cabo, según la sentencia de la Audiencia de Barcelona, habrá un sobrecoste de 430 millones de euros para las arcas públicas y, en gran parte, también para los bolsillos de los pacientes que no lo tienen financiado", ha dicho Cabezón.
Para Cabezón, el caso del apixabán es un ejemplo más de lo que supone "el abuso de posición dominante de las patentes". Por eso, ha pedido al Ministerio de Sanidad que se presente como parte afectada y exija a la empresa propietaria de la patente, BMS, daños y perjuicios por el sobrecoste de 430 millones de euros que deberá soportar de 2024 a 2026.
La presidenta de la AAJM ha pedido que España siga el ejemplo de Reino Unido, donde se ha anulado la patente de apixabán por "falta de actividad inventiva", una postura "totalmente en contra" de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que brinda la exclusividad del fármaco a la empresa BMS, propietaria de la patente desde 2001 a 2021 y con un periodo de 5 años adicionales, hasta 2026, por el Certificado Complementario de Protección.
"Vamos a pedirle al Ministerio de Sanidad que se posicione y que recurra una sentencia que consideramos injusta y que contraviene los intereses públicos del sistema sanitario español", ha agregado.
GASTO FARMACÉUTICO
En cuanto al gasto farmacéutico, Cabezón ha expresado su "preocupación" ante su crecimiento "de forma paulatina", y ha recordado que supone un 20 por ciento aproximadamente del gasto en salud en general.
Aunque en el año 2023 España pagó más de 23.000 millones en facturas farmacéuticas, con un crecimiento del 5,3 por ciento respecto al 2022, solamente en los primeros meses de este año --de enero a mayo de 2024-- se ha experimentado un incremento del 8,1 por ciento (10.148 millones de euros), es decir, 761 millones de euros más respecto al mismo periodo en 2023. En total, la asociación estima un gasto farmaceútico de 25.000 millones en 2024 y un exceso de más de 10.000 millones. "Es una barbaridad", ha zanjado la presidenta de la organización.
"Es un sobrecoste que paga el sistema sanitario por unos precios de los medicamentos que consideramos que se alejan de su coste de producción y de un margen razonable", ha expresado.
Por ello, entre las acciones que llevará a cabo durante esta legislatura, se encuentra la de concienciar al Gobierno para que los precios de los medicamentos "reflejen los costes reales y no sean precios especulativos por el abuso de las patentes".
Por su parte, el anterior presidente, Fernando Lamata, ha afirmado que los copagos son "una forma muy discutible de conseguir financiación para la sanidad pública". Actualmente, las personas activas con rentas menores de 18.000 euros anuales deben pagar el 40 por ciento; las personas activas con rentas superiores a 18.000 y hasta 100.000 euros deben pagar el 50 por ciento, y también los pensionistas hacen frente a los copagos, con determinados límites. La AAJM defiende que "la sanidad se debe financiar con impuestos justos y progresivos, y debe ser libre de pago en el momento del uso".
RD DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
Otro de los temas abordados en el desayuno informativo ha sido el proyecto de real decreto por el que se regula la Evaluación de las Tecnologías Sanitarias (ETS), publicado este mes de agosto por el Ministerio de Sanidad. Se trata de un proceso científico que ayuda a las autoridades sanitarias a tomar decisiones sobre la inclusión, financiación, precios, reembolsos o eliminación de estas tecnologías.
De entrada, han valorado la norma de manera "positiva", destacando especialmente el artículo 23, donde "por primera vez se solicita o se recoge la necesidad de que se presenten los costes de desarrollo y financiación de los medicamentos al Ministerio". Cabezón ha explicado que esta norma ya se recogía en el RD 271/1990 de 23 de febrero, pero nunca se ha cumplido. "Vamos a pedir, lógicamente, que no se repita esa situación", ha expresado.
Por su parte, el vicepresidente, Ángel María Martín Fernández-Gallardo, ha expuesto la necesidad de que las personas que participen en el sistema para la evaluación de la eficiencia de las tecnologías sanitarias deben llevar a cabo sus actividades de manera "independiente, imparcial y transparente".
Por ello, la AAJM propone que se elimine del texto que haya conflictos de interés compatibles con la evaluación y que se prohíba cualquier tipo de pago, en los 5 años anteriores, por parte del desarrollador a los participantes en estructuras de la ETS.
"Compartimos que todas las personas que participen en la evaluación de estas tecnologías sanitarias deben hacerlo con absoluta independencia, imparcialidad y transparencia. Sin embargo, en ese mismo punto en el que establece este objetivo, vemos que se introduce un elemento que creemos perjudicial para el mismo, y es que abre la posibilidad a que haya conflictos de interés que sean compatibles con la evaluación. Nosotros creemos que ningún conflicto de interés debe de ser compatible con la evaluación", ha expresado.
Otro de los aspectos que ha destacado es la petición de la AAJM de que se defina la composición de la Oficina para la evaluación de la eficiencia de los medicamentos, al igual que se hace para las demás estructuras que forman parte del Sistema para la Evaluación de la eficiencia.
Asimismo, la AAJM defiende que no se deben de fijar tarifas sobre consultas de auditoría que "desvirtuarían la independencia del sistema de ETS" y que estas consultas de auditoría aparezcan en los informes anuales sin anonimizar, según Ángel María Martín Fernandez-Gallardo.
