MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Asociación para la Defensa de la Sanidad de Publica (ADSP) de Madrid cree que las cuantías que recibirán las concesionarias por la gestión de los seis hospitales externalizados están "incompletos" y "no garantizan ahorros en el gasto sanitario ni tampoco la calidad de la atención".
"Esta privatización es profundamente negativa para el funcionamiento de la sanidad madrileña porque empeora el funcionamiento de los centros sanitarios e incrementa los costes de la atención sanitaria y solo responde a los intereses de algunas empresas", ha apuntado el colectivo en un comunicado.
La ADSP entiende que los precios que se abonarán a las empresas están "infravaloradas" y que, con el sistema de actualización de la cápita a percibir, las empresas tienen "garantizadas sus cuotas independientemente de previsibles recortes" en los centros públicos.
También remarca que "no queda claro" el tipo de contratación de personales eventuales e interinos y cree que es "ilegal" que se ponga a disposición de las adjudicatarias los centros de especialidades, pues se trata de patrimonio de la Seguridad Social.
En un comunicado, el colectivo sostiene que un contrato de 10 años de duración le parece "claramente excesivo y condiciona durante un tiempo muy dilatado el funcionamiento del servicio sanitario" y que "no tiene mucho sentido" agrupar en un mismo lote los hospitales de Aranjuez y Parla, dado que están a 39 kilómetros de distancia.
También recuerda que los hospitales públicos madrileños, a su juicio, tuvieron una disminución presupuestaria promedio del 9,5 por ciento en 2011, el 1,5 por ciento en 2012 y el 16,19 por ciento en 2013. "Es decir, que se pretende seguir incrementando los fondos de los centros privados y disminuyendo los de los centros públicos", ha apostillado la ADSP.
Además considera que si se establecen asignaciones per capita para los centros hospitalarios, no hay ninguna justificación para una diferencia que alcanza los 45,22 euros por habitante y año dependiendo del centro.
"Por todo ello rechazamos estas medidas privatizadoras, exigimos la paralización del proceso y llamamos a ciudadanos y trabajadores de la sanidad a movilizarse contra el proceso privatizador y a expresar su rechazo masivamente en la próxima convocatoria de la Marea Blanca el día 21 de abril".
