MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad (AESTE) ha anunciado que presentará cautelarísimas en el juzgado para frenar la trasposición Europea al Real Decreto 1345/2007, que entrará en vigor el 1 de noviembre, e impedirá que las farmacias puedan adelantar medicamentos a las residencias de personas mayores, provocando que los residentes de los centros tengan que pagar el medicamento de manera íntegra.
En 2019 el Gobierno de España publicó en el BOE la última modificación del Reglamento Europeo (UE) 2016/161 con la que la UE unificaba los procesos de seguridad para prevenir la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal.
"Con esta norma, la adquisición de un medicamento solo será posible en el momento en el que se produzca el desbloqueo del identificador único de dicho fármaco, anulando así la posibilidad de dispensarlo y entregar posteriormente la receta correspondiente de la Seguridad Social", advierten.
Teniendo en cuenta las múltiples particularidades que existen tanto en la adquisición como en el consumo de medicamentos, la UE incluyó en su legislación una serie de entidades e instituciones dentro de la excepcionalidad, entre otras, las residencias de personas mayores. Sin embargo, la transposición en España cambia esta excepcionalidad y, con ella, deja fuera de la flexibilidad farmacológica a los centros residenciales.
La exclusión de los centros residenciales de la excepcionalidad hace que "la norma resulte incompatible con el funcionamiento actual de la dispensación de medicamentos", señalan. En la actualidad, las farmacias adelantan a las residencias los fármacos necesarios con la receta expedida por el médico del centro para hacer frente a las urgencias y, posteriormente, el médico del Atención Primaria aporta las recetas correspondientes para que el paciente no tenga que hacer frente al pago del fármaco.
Según explican, con la entrada en vigor de esta norma, las personas mayores que viven en los centros residenciales solo podrán acceder al momento a la medicación que necesiten con una receta del médico del centro, por lo que tendrán que pagar el coste total del medicamento, sin que haya posibilidad de que sea cubierto por la Seguridad Social posteriormente.
La secretaria general de AESTE, Josune Méndez, ha declarado que esta norma "revela las carencias del sistema", ya que la nueva Ley "no contempla la incompatibilidad de su aplicación con el modelo que han encontrado las distintas Comunidades Autónomas para hacer frente a las enfermedades agudas y las urgencias que surgen a diario en los centros residenciales".
"La solución a esta situación no puede ser en ningún caso que los residentes paguen los medicamentos, ya que entonces se está vulnerando su derecho al acceso a la medicación", explica, añadiendo que, la única manera que tendrán los residentes de acceder a los medicamentos financiados será asistiendo de manera presencial a los centros de Atención Primaria o a las urgencias, lo que, según Méndez "puede suponer el colapso del Sistema Nacional de Salud". Asimismo, recuerda que plantea un problema cuya única solución pasa por "saturar más" el Sistema Nacional de Salud.
AESTE apela a que la normativa europea permite un tiempo de planificación a los Estados miembros, que en esta ocasión se extiende, como máximo, hasta el 9 de febrero de 2025. Por el momento, a la espera de su entrada en vigor, concluyen que ningún ministerio ha comunicado a las entidades afectadas los cambios que conlleva la normativa.
