La agencia apunta que la estrategia de vacunación española no prioriza a minorías étnicas o a personas sin hogar
MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las personas en situación de vulnerabilidad, como los presos, las personas sin hogar y los migrantes, corren el riesgo de quedarse atrás en el despliegue de la vacunación contra la COVID-19, según ha advertido este miércoles la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA, por sus siglas en inglés), que pide a los países de la UE que "garanticen un acceso justo e igualitario a las vacunas para todos".
"Las campañas de vacunación contra la COVID-19 son un impulso bienvenido a medida que la sociedad vuelve a la normalidad y muchas personas recuperan el acceso a sus derechos fundamentales. Sin embargo, los esfuerzos de movilización de la vacunación sin precedentes corren el riesgo de pasar por alto a los grupos vulnerables. Los países de la UE deben velar por que nadie se quede atrás, garantizando un acceso equitativo a las vacunas en todas las fases de las campañas nacionales", ha comentado el director de la FRA, Michael O'Flaherty.
El último boletín de la FRA, titulado 'La pandemia de coronavirus en la UE: implicaciones para los derechos fundamentales', se centra en la igualdad de acceso a las vacunas desde la planificación hasta el despliegue.
La FRA celebra que el registro para vacunarse suele ofrecerse tanto 'on line' como en físico para salvar las brechas digitales y hacerla fácilmente accesible a todos. "Asimismo, muchos países establecieron servicios de vacunación móviles. Esto permitió que las personas mayores, los habitantes de zonas remotas, las personas sin hogar o aquellos con movilidad reducida pudieran vacunarse", aplauden.
Sin embargo, el documento también identifica algunos fallos en las estrategias de vacunación. En primer lugar, lamentan que la atención a las personas mayores, a las que padecen enfermedades y a los trabajadores clave "a veces deja de lado a otros grupos de riesgo".
"Solo un tercio de los países de la UE clasifica a los detenidos como grupo prioritario, a pesar de que el riesgo de infección es mayor debido a las condiciones de hacinamiento. No todos los países de la UE se adhieren a las orientaciones internacionales sobre la prioridad de los grupos vulnerables, como los romaníes y los nómadas, las personas sin hogar o los drogodependientes", apunta la FRA.
En este mismo sentido, sostienen que los presos, las personas sin hogar, los solicitantes de asilo y los migrantes irregulares, que a menudo no están cubiertos por los servicios nacionales de salud, "tienen dificultades para acceder a las vacunas". "Pero algunos países renuncian al requisito formal de tener un número de seguridad social para vacunarse", reconocen.
Por otra parte, advierte de que los países europeos "rara vez proporcionan información accesible para las personas con discapacidad o en diferentes idiomas para quienes no hablan bien la lengua nacional, como los migrantes o las minorías étnicas".
El boletín destaca los "alentadores avances" en la vacunación de las personas en toda la UE, pero, sin embargo, también llama la atención sobre los retos que quedan por delante para garantizar "un acceso justo y equitativo a las vacunas que respete las directrices internacionales". "La equidad en la vacunación reducirá el coste económico y social de la pandemia y protegerá los derechos sociales de los más necesitados", reivindica la FRA.
LA SITUACIÓN EN ESPAÑA
En el caso concreto de España, la agencia europea apunta que la actual estrategia de vacunación no prioriza a las personas pertenecientes a minorías étnicas o a aquellas sin hogar, y tampoco a las que sufren adicción a las drogas o las que tienen un nivel bajo de alfabetización.
En cuanto a los presos, el informe recoge que no está contemplado en la estrategia como tal pero que en algunas cárceles de País Vasco, Cantabria, Córdoba, Huelva, Arrecife o Sevilla, han vacunado a todos los internos. Otras en Lanzarote, Murcia o León "están en proceso de vacunación", celebran.
Como punto positivo, la FRA aplaude que "la existencia de una amplia red de centros sanitarios públicos puede considerarse un aspecto fundamental que favorece la organización y el despliegue del proceso de vacunación contra la COVID-19, cuyo ritmo parece depender únicamente de la limitada disponibilidad de vacunas".
