BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El 96,93% de las farmacias de Cataluna han votado a favor de reclamar judicialmente los intereses bancarios que se han generado con los impagos del Gobierno catalán, después de celebrar una consulta entre las más de 3.100 boticas que existen en el territorio.
Las reclamaciones, que deben presentarse de forma individual, serán agrupadas por el Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña, quien también aconsejará a los farmacéuticos en el proceso, con la intención así de reclamar el cumplimiento de la ley de morosidad, ha explicado el presidente de la institución, Jordi de Dalmases.
El referéndum, en el que han votado el 75% de las farmacias --2.649 boticas-- ha dado el visto bueno también con más de dos tercios de apoyo a la celebración de una manifestación unitaria en la plaza Sant Jaume de Barcelona y a la recogida de firmas entre los usuarios para su posterior traslado al Parlamento catalán, mientras que se ha rechazado la celebración de un nuevo cierre patronal y denunciar el concierto firmado con el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).
En concreto, el 87,8% ha apostado por la recogida de firmas y el 72% ha pedido que se celebre una manifestación unitaria --falta por ver el día, pero presumiblemente será la semana que viene--, mientras que no han obtenido un consenso mayoritario la organización de nuevos cierres patronales --51% de votos favorables-- ni la denuncia del concierto --41% de síes--.
De Dalmases ha señalado que la consulta demuestra que los farmacéuticos "han elevado el tono" de sus protestas, y pese a dar por válidas las explicaciones de la Conselleria de Salud sobre que hace todo lo que está a su alcance para pagar, ha considerado que ello no importa mucho porque el problema sigue sin solución.
El proceso judicial que se abre, no obstante, está lleno de incertidumbres, ya que en un principio se reclamará en vía administrativa ante el CatSalut y, en función de la respuesta que dé éste en un plazo que podría alargarse hasta los tres meses, el Consejo podría llevar el caso a un tribunal contencionso administrativo.
Dicho juzgado podría establecer medidas cautelares, quizás obligando en los próximos presupuestos de la Generalitat a reservar una partida económica para ello, pero igualmente podría darse el caso que solo se abonaran los interes de aquellas farmacias que hayan reclamado, han explicado fuentes del Consejo.
El CatSalut paga actualmente las medicinas con unos 120 días de retraso desde que son dispensadas en la farmacia, frente a los 35 días que reconoce el concierto, después de tres retrasos progresivos que han obligado a muchas farmacias a endeudarse para hacer frente a los pagos a proveedores y que, en su conjunto, conforman una deuda a día de hoy de 302,7 millones de euros.
UN CENTENAR DE PROBLEMAS
De Dalmases ha asegurado que, más allá de calcular la cuantía de los intereses de demora, se está elaborando un estudio para conocer el alcance de los problemas que atraviesan las farmacias, después de que 13 de ellas hayan decidido cerrar temporalmente y alrededor de un centenar más hayan advertido que tienen problemas con el suministro de algún medicamento, si bien en gran medida estas dificultades están siendo subsanadas con la colaboración entre boticas.
El presidente del Consejo ha señalado que su intención es trasladar su preocupación también al Congreso de los Diputados y a la Comisión Europea, y construir un frente común en Cataluña con las patronales de la sanidad concertada, también afectadas por impagos puntuales.
Lo que sí ha descartado es que los farmacéuticos vayan a negarse a dispensar recetas del CatSalut para hacer más visible el problema, aunque ha advertido que la situación del colapso financiero provocará que durante el próximo mes se vean situaciones de "desabastecimiento real" con algunos fármacos, al estilo de episodios similares vividos en Castilla-La Mancha y Comunidad Valencia, ha indicado.
"No puede ser que estemos emitiendo recetas cada día y sepamos que no serán pagadas. Así no puede funcionar", ha reclamado De Dalmases, advirtiendo que si la Administración, que es quien legisla, es la primera en no respetar las leyes, pone en entredicho su propia capacidad normativa ante los ciudadanos.
