MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -
A la espera de conocer el texto definitivo de la futura la Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud (SNS), que prepara el Ministerio de Sanidad, la patronal de la sanidad privada, ASPE, advierte de su posible incompatibilidad con la Constitución y hace un llamamiento a respetar las competencias autonómicas y a estimar la colaboración público-privada como "garante de la sostenibilidad" del sistema ante la crisis asistencial de la sanidad pública.
Todas las asociaciones territoriales de la sanidad privada en España han suscrito el documento de alegaciones presentado por la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) a la consulta pública del proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), anunciado por el Ministerio de Sanidad.
ASPE considera que, a tenor del texto preliminar, podría existir invasión de competencias autonómicas y no respetarse los principios constitucionales de eficiencia, ya que la absoluta prioridad de la gestión directa a la que se llama en el anteproyecto de ley supone, en realidad, una intromisión en dichas competencias autonómicas.
"Y es que son los gestores autonómicos quienes deben valorar y optar por aquella que mejor se adecue a sus necesidades y principios de estabilidad presupuestaria y estabilidad financiera, ASPE desmiente algunos de los supuestos problemas que han servido para justificar el trámite de esta Ley y reivindica el papel fundamental que la sanidad privada representa dentro del sistema sanitario del país", afirma.
La patronal de la sanidad privada destaca el "grave error" que supondría la limitación de los conciertos sanitarios o de modelos concesionales, por cuanto esto privaría al sistema público del acceso a la "experiencia, capacidad técnica, innovación y recursos" que el sector privado pone a disposición del sistema público de salud, en un momento además especialmente crítico debido a unas listas de espera en cifras récord semestre tras semestre.
INEXISTENCIA DE SUPUESTOS PROBLEMAS
En las alegaciones presentadas, ASPE también aborda una serie de supuestos problemas que menciona el proyecto de Ley y que sirven para justificar la nueva normativa. "La exposición de estos problemas viene precedida de un punto de partida que no resulta compatible con un sistema constitucional que descansa sobre la libertad de empresa y la economía de mercado, y que impone a la Administración la necesidad de ser eficiente", argumenta la patronal.
A este respecto, ASPE rebate la afirmación contenida en el proyecto acerca de que la gestión indirecta, incluida en las fórmulas de colaboración público-privada previstas en la Ley 14/1986, General de Sanidad, y en la Ley 15/1997, sobre nuevas formas de gestión del SNS, da entrada a lógicas de funcionamiento relacionadas con los beneficios empresariales, destacando que la única lógica que guía el buen funcionamiento del sistema sanitario es "la atención eficiente a los pacientes".
"Precisamente a esto contribuye la colaboración con el sector privado empresarial, que permite al sistema público acceder a los recursos de este sector y ofrecer una prestación de servicios con mejor relación coste-beneficio", añade.
Por otro lado, desmiente que la gestión indirecta suponga una pérdida de control en la gestión del servicio público por parte de la Administración, ya que "todas las fórmulas de colaboración incluyen importantes facultades de control" por parte de las administraciones competentes.
RESPETAR LOS ACUERDOS FIRMADOS NO ES UN "BLINDAJE"
Asimismo, destaca que no existe ningún "blindaje diferencial de los contratos con el sector privado que dé lugar a una doble repercusión de las restricciones presupuestarias sobre los hospitales de gestión directa", tal y como se indica en el proyecto de Ley. ASPE argumenta que respetar los acuerdos firmados no es un "blindaje" y que no se diferencia de las relaciones contractuales que también mantienen los hospitales de gestión directa con otros proveedores.
La patronal también desmiente la afirmación de que la gestión indirecta supone la creación de sistemas paralelos de derivación, señalando que la concertación o concesión no priva a la Administración de derivar a los pacientes entre hospitales de su red, ya que la gestión del sistema sigue siendo su competencia y, además, la colaboración público-privada no impide a las CCAA poner en marcha sus propias políticas de gestión sanitaria.
Igualmente, ASPE destaca que la gestión indirecta no supone en modo alguno falta de transparencia en la liquidación de los pagos a las empresas prestatarias por parte de las administraciones, ya que estos están lógicamente regulados en los contratos y convenios y sometidos a todos los controles de legalidad y presupuestarios pertinentes.
Finalmente, recuerda que el sector privado es garante de la sostenibilidad del SNS, argumentando que "el sistema sanitario actual solo puede entenderse como la conjunción de lo público y lo privado, con todos sus recursos integrados y coordinados," y que eliminar esta colaboración "afectaría negativamente a la capacidad de respuesta del sistema y a la accesibilidad a los servicios sanitarios por parte de los pacientes".
