BRUSELAS, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea inició el pasado viernes acciones legales contra la compañía farmacéutica AstraZeneca por haber incumplido su compromiso de entregar a los Estados miembros las dosis contratadas de su vacuna contra la COVID-19.
"La Comisión Europea inició el viernes acciones legales contra AstraZeneca sobre la base de incumplimientos del acuerdo anticipado de compra", ha anunciado en una rueda de prensa el portavoz de Salud del Ejecutivo comunitario, Stefan de Keersmaecker.
"No se han respetado algunos términos del contrato y la empresa no ha aportado una estrategia fiable para garantizar una distribución oportunidad de las dosis", ha puntualizado el portavoz, quien ha precisado que Bruselas ha actuado tanto "en su propio nombre" como "en nombre de los 27 Estados miembros", que "están totalmente en línea" con esta decisión
Para el Ejecutivo comunitario, lo más importante en el marco de este procedimiento es conseguir que el laboratorio anglo-sueco distribuya "rápido" a los países de la Unión Europea las dosis prometidas en virtud del contrato entre ambas partes.
"Nuestra prioridad es garantizar que se entregan vacunas contra la COVID-19 para proteger la salud de la UE. Por eso la Comisión Europea ha decidido, junto con los Estados miembros, iniciar un procedimiento legal contra AstraZeneca. Cada dosis cuenta, cada dosis salva vidas", ha escrito la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, en su perfil oficial de la red social Twitter.
Los problemas de AstraZeneca para cumplir con los repartos estipulados en el contrato con la UE han enfrentado desde hace meses a la compañía con la Comisión Europea. Estaba previsto que durante el primer trimestre del año entregase 120 millones de dosis a los Estados miembros y sólo repartió 30 millones.
Para el periodo entre abril y junio, el laboratorio cree que será capaz de distribuir 70 millones de dosis, mientras que el acuerdo con la UE contempla el suministro de 180 millones.
Esta situación llevó a Bruselas a enviar una carta a AstraZeneca para iniciar un procedimiento amistoso de resolución de disputas. Tras constatar que este paso intermedio no facilitaba una solución, el Ejecutivo comunitario tomó la decisión de elevar el asunto a la Justicia belga.
Los Estados miembros fueron informados la semana pasada de esta decisión, sin que ninguno se pronunciara en contra, según informaron varias fuentes diplomáticas a Europa Press.
