BARCELONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Salud de la Generalitat catalana ha cifrado en 155,7 millones de euros el impacto económico total de la aplicación del euro por receta en 2012, contabilizados a partir de los 45,7 millones recaudados y los 110 millones que estima que se han ahorrado por el efecto disuasorio de la medida, implementada el 23 de junio.
Las recetas cursadas por el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) en la totalidad de 2012 han representado un gasto para la Generalitat de 1.453 millones de euros, frente a los 1.695 millones de 2011, un descenso del 14,3%, han explicado fuentes del departamento a Europa Press.
El número de recetas dispensadas, si se compara tan solo el segundo trimestre, se ha reducido un 21%, aunque durante este tiempo también ha entrado en vigor de forma progresiva el aumento del copago farmacéutico decretado por el Gobierno.
Salud ha diferenciado ambos impactos, así como el efecto de excluir algunos fármacos de la prestación pública, y achaca al euro por receta algo menos de la mitad de la reducción de 242 millones de euros que ha experimentado la factura farmacéutica.
Si el gasto ha descendido en un 14,3% el último año, el departamento que lidera Boi Ruiz precisa que cerca de un 7% es el resultado de las medidas que entraron en vigor durante los meses anteriores --también bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero--, un 1% es fruto de la entrada en vigor del nuevo copago --en Cataluña se desplegó por completo en octubre--, y el 6% restante corresponde al euro por receta.
El impacto económico que habría tenido la tasa catalana en un año natural habría sido de entre 200 y 300 millones de euros, sumando ahorro y recaudación, algo que queda en suspenso con el recurso del Gobierno admitido a trámite por el Tribunal Constitucional (TC).
SUSPENSIÓN DEL TC
La notificación a la Generalitat y el Parlamento catalán de la admisión a trámite del recurso contra la tasa ha supuesto que el pago del euro por receta se suspenda a partir de las 23.00 horas de este miércoles, un periodo que se prolongará al menos 5 meses hasta que el TC dictamine si esta medida es legal o no.
La Consejería se había comprometido a revisar el funcionamiento de esta tasa cuando finalizara el año, para determinar si se ampliaba el número de 127.000 personas exentas o qué sucede con los 300 fármacos entre 1,67 y 2 euros que, al asumir también el nuevo copago del Gobierno, resultaban más caros para el paciente con receta que sin ella.
Durante los primeros seis meses de aplicación de la medida en Cataluña, adicionalmente, 405.624 pacientes han llegado a los 36 euros de tope máximo que se había fijado para este año --a partir de 2013 el límite estaba fijado en los 60 euros anuales--.
Más allá de la hipotética discriminación que supone la medida para los catalanes respecto a otras comunidades autónomas, las cifras reflejan que 14,6 millones de euros --el 32% del total recaudado-- han sido abonados por un porcentaje pequeño de la población, en línea con parte de las quejas de asociaciones de pacientes y sindicatos acerca de que la tasa puede ser un impuesto a la enfermedad que penaliza especialmente a pacientes crónicos.
