MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha presentado una proposición no de ley, para ser debatida en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se insta al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legales oportunas a fin de que los profesionales sanitarios estén obligados a comunicar a las autoridades legales pertinentes (fiscalía o juzgado de guardia) las prácticas llevadas a cabo por profesionales, titulados o no titulados, que alejadas de la evidencia científica pudieran causar un perjuicio real en la salud directa de sus pacientes.
El objetivo, según señala la propuesta, es detectar malas prácticas que pongan en peligro la salud pública o la vida de los pacientes. Y es que, actualmente, las obligaciones médicas se circunscriben mayoritariamente a problemáticas relativa a la violencia de género, trata de personas, mutilación genital femenina y maltratos a menores, dejando de lado otros elementos que, pudiendo ser constitutivos de delito, no se deben denunciar de manera sistemática.
"Son numerosas las ocasiones en las que un paciente, con enfermedad terminal en numerosos casos abandona un tratamiento con eficacia clínica probada y evidente probabilidad de éxito en la curación de ésta, por terapias naturales o pseudociencias que no poseen evidencia científica alguna con efectos beneficiosos sobre la salud. También existen numerosos casos en los que los pacientes sufren intoxicaciones o daños fisiológicos importantes como consecuencia de ingerir productos peligrosos o sin garantías sanitarias, que incluso pueden interaccionar con tratamientos que estén tomando", señala la formación naranja.
Además, avisa de la peligrosidad que puede suponer el uso de este tipo de "terapias" como complementarias de un tratamiento médico. Por ejemplo, determinados productos a base de plantas interactúan con los medicamentos empleados en quimioterapia. En otros casos se emplean productos que son de por sí peligrosos, como diversas plantas medicinales o el llamado 'MMS' o 'Miracle Mineral Solution', declarado medicamento prohibido en España y varios países más.
"La falta de regulación generalizada en este ámbito tanto hacia los profesionales que las imparten o recomiendan, así como la falta de regulación sobre los productos y terapias que son consideradas efectivas o no, basadas en criterios científicos, ha supuesto la aparición de un limbo legal en el que existen pacientes que, desesperados por el avance de su enfermedad, abandonan tratamientos con posibilidad de curación por tratamientos naturales o pseudociencias que no están avaladas e indicadas, científicamente, para tratar sus dolencias", avisa Ciudadanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario ha pedido al Gobierno que los profesionales sanitarios sean parte esencial en la detección de casos en los que existe un perjuicio claro en la salud de los ciudadanos por intereses contrarios al bienestar del paciente.
