MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consorcio Nacional de Entidades de ELA (ConELA), Fernando Martín, ha celebrado el acuerdo de la Ley ELA, señalando que "no pueden estar más contentos" porque "sale algo muy bueno y positivo para la sociedad en su conjunto".
Martín ha aseverado que esta norma nace de "una reflexión del propio Estado". Así, ha señalado que, más allá de los tratamientos quirúrgicos o clínicos, existen "los tratamientos humanos". "Esto es lo que el Estado hasta hoy no había aceptado, pero lo está aceptando con esta ley", ha apuntado en declaraciones a Europa Press.
En este sentido, Martín se refiere a las diferentes ayudas que contempla la norma, entre las que se destacan la atención de 24 horas a los enfermos en estado avanzado y el reconocimiento de la condición de consumidor vulnerable para recibir el bono social, al ser estos pacientes electrodependientes.
Además, también se contempla la mejora de la protección de las personas cuidadoras de los enfermos en situación de dependencia con un grado III. Así, las personas cuidadoras de grandes dependientes que se hayan visto obligadas a renunciar a su actividad laboral por hacerse cargo de estas personas serán consideradas colectivo de atención prioritaria para la política de empleo.
QUÉ NO SE HA INCLUIDO
Con todo, el presidente de ConELA ha reconocido que "se quedan cosas en el camino" que no han sido incluidas en el texto final. Por ejemplo, ConELA pedía que se reconociera una discapacidad del 65 por ciento a los pacientes desde el momento del diagnóstico.
"Todas las personas enfermas con ELA, un año después del diagnóstico, tienen una afectación equivalente a un grado de discapacidad superior al 65 por ciento. Entonces, lo que pedíamos era que se reconociese a las personas enfermas de ELA con este grado porque de esa manera evitaban trámites burocráticos en relación a los servicios públicos administrativos y sociales de los municipios", ha defendido Martín.
Según el texto definitivo, la ley permitirá la agilización de los trámites administrativos para el reconocimiento de la discapacidad y la dependencia, estableciendo un procedimiento de urgencia para la revisión del grado de discapacidad en el caso de estos pacientes. Se considerará, a todos los efectos, que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento las personas incluidas en el ámbito de aplicación de esta norma.
APROBACIÓN DE LA NORMA
El Pleno del Congreso tiene previsto aprobar esta ley el próximo 10 de octubre y la remitirá al Senado para continuar allí su tramitación y darle luz verde definitiva.
Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, será este mismo miércoles cuando se reúna la ponencia para fusionar las tres normas que sobre esta enfermedad acordó tramitar el Congreso y que llevan la firma de PSOE y Sumar, PP y Junts.
El próximo martes, la Mesa del Congreso dará el visto bueno a la fusión de esos textos y la ponencia se volverá a reunir al día siguiente para incorporar ya las enmiendas pactadas PSOE, PP, Sumar y Junts.
El texto se debatirá ya en abierto el próximo 1 de octubre en la Comisión de Sanidad y después se elevará al Pleno para su aprobación el día 10 de ese mes, desde donde se enviará al Senado.
Dado que el PP tiene mayoría en la Cámara Alta, la previsión es que apruebe allí el texto definitivamente tal y como salga del Congreso, donde ya no tendría que volver.
