MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los grupos de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV, Compromís, EH Bildu y Foro Asturias han avanzado su apoyo a la toma en consideración de una proposición de ley para crear un fondo de compensación para víctimas del amianto, frente a la que el PP ha anunciado su abstención.
La iniciativa, impulsada desde el Parlamento Vasco, establece la creación de un fondo de compensación para víctimas de este material cancerígeno, que ha causado numerosas muertes y enfermedades a personas que han estado expuestas al mismo.
Según la propia iniciativa, entre 1994 y 2008 murieron en España 3.943 personas por enfermedades vinculadas directamente al amianto. Esta sustancia, que hace años era muy utilizada en la construcción y en la industria, ha sido prohibida debido a su carácter cancerígeno.
El proyecto recoge la naturaleza y organización del fondo, especificando "fines, procedencia de recursos económicos y la estructura organizativa", y determina a los empresarios, las mutuas y las personas titulares de derechos como aquellos que están obligados a cotizar al fondo". También reserva aportaciones vía Presupuestos o de consignaciones o transferencias previstas en otras leyes y establece un plazo de seis meses para que las personas afectadas tengan derecho a la indemnización efectiva.
Durante el debate de este martes en el Pleno del Congreso, el diputado del PP Gerardo Camps ha precisado que no se trata de un debate "nuevo ni en fondo ni en forma" y ha señalado algunas "lagunas" y puntos de los que, a su juicio, "adolece" la proposición de ley relativos a la cotización adicional o los trabajadores por cuenta propia, que "impide" a su grupo votar a favor, aunque no abstenerse.
En cualquier caso, ha destacado la "relativa pero positiva sorpresa" que les ha causado que "en los tiempos que se viven" un parlamento autonómico lleve a la Cámara Baja una iniciativa "que persiga la creación de un fondo estatal con una estructura centralizada".
PSOE: "GENOCIDIO LABORAL"
Por su parte, la diputada del PSOE María del Rocío de Frutos ha celebrado esta iniciativa que viene a reconocer "un problema de justicia y solidaridad frente a una historia de pasividad de la administración, irresponsabilidad de las empresas y ocultación", lo que se ha definido, según ha indicado, como "un genocidio laboral".
En todo caso, ha instado a que la compensación vaya unida a la prevención y ha alertado de los daños que en la salud de la población puede provocar ahora la retirada del amianto. "Si no nos lo tomamos en serio, el plazo en el que vamos a tener afectados no va a ser 2040 sino indefinido", ha avisado.
Por su parte, el diputado de Unidos Podemos, Juan Antonio López de Uralde, ha indicado que no solo están de acuerdo con esta proposición sino que consideran que esta situación debería haberse resuelto "hace mucho tiempo" porque, según ha precisado, los primeros estudios que demuestran los efectos cancerígenos del amianto son "de mediados de los años 70".
"Estamos ante un drama, una tragedia que ha sido consentida para alargar el tiempo en aras a un mayor beneficio económico", ha denunciado, para recordar que 700 trabajadores mueren al año como consecuencia de la exposición al amianto. También se ha referido a las "consecuencias devastadoras" para las mujeres y ha pedido un cambio de modelo productivo para que no se repitan casos como este.
En cuanto al día para votar la toma en consideración de esta proposición de ley, el diputado de Ciudadanos Francisco Igea ha defendido que no hay "ningún día mejor" que este martes 10 de octubre --que coincide con la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el pleno del Parlament-- porque frente al "delirio" de quienes quieren "romper el Estado", los representantes de los grupos políticos se ocupan "de lo que de verdad importa".
Además, el diputado de PNV Íñigo Barandiaran ha calificado esta iniciativa de "necesidad social" y se ha centrado en las características que ha de tener este fondo como que cubra no solo a los trabajadores de las empresas donde han estado en contacto con el amianto sino también a aquellas personas que han podido estar expuestas por motivos familiares --por ejemplo, las mujeres de los trabajadores al lavar la ropa-- o medioambientales; y que tomen parte las empresas y las mutuas.
Por parte de Compromís, el diputado Enric Bataller i Ruiz, ha subrayado que crear este fondo es "reconocer una reivindicación histórica, el derecho de resarcimiento al daño" y evitar "la tortura judicial que pasan las víctimas y sus familiares".
En este sentido, la diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia ha recordado los "largos procesos judiciales" a los que se ven abocadas las víctimas y que no siempre resultan en una sentencia favorable. Por ello, ha defendido la creación de este fondo y ha apoyado que en su financiación participen aquellas empresas que emplearon amianto.
A este "periplo judicial" también se ha referido el diputado de Foro Asturias Isidro Manuel Martínez Oblanca, quien ha recordado el largo periodo de latencia de los efectos producidos por el amianto --pueden aparecer 40 años después de la exposición-- que hace de este problema un asunto no solo del presente sino también del futuro próximo.
