MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a materializar un Plan Nacional contra las agresiones a los profesionales sanitarios en el Sistema Nacional de Salud (SNS), además de revisar y mejorar la legislación actual respecto a esta cuestión.
Esta Proposición No de Ley (PNL) del Partido Popular ha sido aprobada con 17 votos a favor, 15 abstenciones y una enmienda presentada por Vox, y en ella se implementar el mencionado plan para incrementar la seguridad de los propios profesionales en el desempeño de sus funciones, así como procurar avances "reales y tangibles" en la prevención y en la reducción al máximo de las agresiones en todo el sistema.
La estrategia nacional deberá ser aprobada "en un plazo máximo de seis meses" por parte de los ministerios de Sanidad, Interior, Justicia, Educación y la Fiscalía General del Estado, definiendo protocolos de actuación con los que reforzar la prevención y la investigación sobre las agresiones; asimismo, el Gobierno deberá consensuar las medidas con las administraciones autonómicas, provinciales y locales, desde la coordinación con los representantes de los sanitarios.
Del mismo modo, deberá destinar los recursos humanos, económicos y tecnológicos que sean necesarios, contando en todo momento con las propuestas y aportaciones que realicen los representantes de los pacientes y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Otra de las medidas a seguir es el desarrollo de programas de formación específicos dirigidos a los profesionales sanitarios para mejorar la comunicación con los ciudadanos, y poder afrontar así mejor las situaciones de riesgo.
Además, se deberá reforzar las campañas de concienciación a la sociedad, en las que se promueva el respeto a los profesionales sanitarios.
El diputado popular Antonio Román Jasanada ha señalado que se trata de una iniciativa "necesaria, urgente y rigurosa", y es que en 2024 se registraron un total de 16.558 agresiones a profesionales sanitarios, lo que supone una cifra récord, según datos del Ministerio de Sanidad.
"Cuando este grupo parlamentario ha traído a debate un proyecto de ley hace en este mismo periodo de sesiones, que era un proyecto de ley claro, específico y garantista para dar protección real y homogénea a todos los sanitarios, la Cámara lo rechazó por tan solo dos votos de diferencia (...) Argumentaron que ya existe legislación suficiente, que no hay que crear nuevas figuras penales o que se trataba de una sobreprotección injustificada", ha lamentado.
Tras ello, ha recalcado que las agresiones no son solo físicas, pues existen amenazas, coacciones, insultos e intimidaciones, lo que provoca un "deterioro moral" en los profesionales sanitarios, que ven "minada" su vocación y confianza.
"El problema que tenemos es que no somos capaces de atajar un problema que se está conquistando, que va aumentando y que está provocando que nuestros sanitarios se vean completamente abandonados. En los debates previos que hemos tenido esta PNL, sí que se ha reflejado que parte del Gobierno se ha intentado avanzar en esta posición, pero son movimientos que se han mostrado o bien insuficientes o bien ineficaces", ha afirmado el diputado de Vox David García Gomis.
La diputada socialista Emilia Almodóvar Sánchez, quien ha presentado una enmienda que ha sido rechazada, ha considerado que esta PNL está "vacía de autocrítica, de coherencia y de honestidad", pues ha recordado que "el Gobierno del Partido Popular de Extremadura ha contribuido a este aumento con bastante éxito", y es que, según datos del Observatorio Contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), esta comunidad registró 38 agresiones durante 2024, siendo una de las cifras más altas.
En ese sentido, ha criticado que el Gobierno autonómico no haya implementado ninguna de las medidas incluidas en este documento, tras lo que ha recordado las diferentes medidas que el Gobierno nacional ha puesto en marcha para hacer frente a esta situación, como la creación de la figura del interlocutor policial en el territorio sanitario, o un alertoscopio para coordinarse con las autonomías.