MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley por la que se pide al Gobierno promover, en el plazo máximo de un mes, las reformas necesarias de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y las demás normas que se consideren oportunas, para que los electrodependientes y personas con enfermedades crónicas puedan acceder a la energía en los términos previstos para los consumidores vulnerables severos en el bono social eléctrico.
Y es que, según el informe La Enfermedad Renal Crónica (ERC) en España 2022, realizado por la Sociedad Española de Nefrología, con motivo de la celebración del Día Mundial del Riñón, en el Estado español en los últimos diez años, el número de nuevos pacientes que necesitan Terapia Renal Sustitutiva (TRS) ha subido un 11,6 por ciento: de 121,1 personas por millón de población en 2010 a 141,4 en 2020.
Además, según el Estudio Epidemiológico de la Insuficiencia Renal en España y el de Nutrición y Riesgo Cardiovascular, la prevalencia oscila entre el 10 por ciento y el 15 por ciento de la población, afectando a entre 4,7 y 7 millones de personas. Además, las nefropatías están entre las 10 primeras causas de muerte en el mundo y se espera que para 2040 se sitúen entre las cinco primeras.
La prevalencia de la ERC en sus fases más avanzadas y concretamente aquellas que requieren la TRS ha crecido en el Estado español en la última década casi un 30 por ciento. Según los datos del Registro O.N.T./S.E.N., el número de personas en TRS hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal ya alcanza las 64.600 personas (datos de 2020).
Por grupos de edad, el segmento de población que concentra mayor población en Tratamiento Renal Sustitutivo por millón de habitante es el que va de 45 a 64 años. El menor uso de la diálisis peritoneal se debe a factores estructurales y sociales, pero también a deficiencias formativas.
La cantidad de energía que se consume en un hogar varía mucho en función del tamaño y tipo de la vivienda, su ubicación y el número de ocupantes, pero concluye que el consumo medio diario de un hogar español es de 9 kWh lo que supone una facturación media diaria de 1,35 euros.
En un paciente electrodependiente, la escalada del precio de la luz supone un incremento medio de 30 a 60 euros al mes (unos 600 euros anuales).
Por ello, el Congreso ha acordado instar al Gobierno que los electrodependientes y personas con enfermedades crónicas puedan acceder a la energía en los términos previstos para los consumidores vulnerables severos en el bono social eléctrico.
"Lo que se propone es absolutamente es absolutamente justo", ha asegurado el diputado de VOX, Juan Luis Steegmann, que ha destacado la necesidad de conocer cuántos pacientes hay en España electrodependientes, como así lo ha plasmado su grupo en una enmienda a la iniciativa. Esta petición se ha realizado también desde el Grupo Parlamentario Popular, cuya diputada María Teresa Angulo ha abogado porque sea el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) el que elabore el registro de personas electrodependientes.
