MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Estado considera que el Ministerio de Sanidad debería llevar a cabo una "reevaluación" del sistema de copago de transporte sanitario no urgente que había propuesto a las comunidades autónomas ya que, entre otras cuestiones, avisa de que el ahorro previsto con esta medida puede verse "frustrado" por la puesta en marcha de un sistema de cobro.
En su informe sobre el Real Decreto que regula esta prestación, al que ha tenido acceso Europa Press, este órgano consultivo entiende que Sanidad debe dotar de "mayor eficiencia, claridad y precisión" todo el régimen de gestión de este nuevo copago, "especialmente en lo relativo a los criterios clínicos de racionalización en el uso del transporte sanitario no urgente y en lo relativo al sistema de aportación del usuario".
Dicha medida forma parte de la reforma sanitaria impulsada por la titular del ramo Ana Mato en marzo de 2012, que incluía el transporte sanitario no urgente en la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud (SNS) y, como tal, quedaba sujeta a un copago por parte de los ciudadanos.
Meses más tarde, en diciembre de 2012, Sanidad acordó con las comunidades que se pagaría un 10 por ciento del coste del servicio con un límite mensual de 10, 20 y 60 euros en función de la renta (menos de 18.000 euros anuales, ente 18.000 y 100.000, y más de 100.000, respectivamente), que se rebajaría a 6, 12 y 60 euros respectivamente para los pacientes con tratamientos de larga duración.
Antes de su aprobación en Consejo de Ministros, el Consejo de Estado propone a Sanidad una "reevaluación" de la norma que especifique "con más precisión" los criterios de gestión y racionalización de este copago y aporte una "mayor eficiencia" al sistema.
Entre otros aspectos cuestiona el ahorro que podría propiciar la medida, estimado por Sanidad en unos 70 millones de euros. Sin embargo, y como reconoce el propio departamento de Mato en la memoria económica de la medida, los ingresos que puede suponer la aportación del usuario "pueden verse compensados por los costes de la gestión de su cobro".
Además, el Consejo de Estado entiende que deberían aclarar cómo se hará efectiva la aportación del usuario, aunque son las comunidades quienes deben determinarlo, y analizar las cargas que supondrá para el ciudadano.
También piden a Sanidad que tenga en cuenta otros tipos de traslado, además del puntual y el periódico que detalla el Real Decreto, que no tuvieran como destino u origen el domicilio del paciente, ya sea porque tiene la residencia fijada temporalmente en otro lugar.
Y en cuanto a los criterios clínicos de indicación de este transporte, apuntan que los incluidos en la norma son "muy genéricos" y "difieren poco de los actuales".
