MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General de Dentistas ha recordado, a raíz de las "acusaciones" que desde distintos colectivos le han propiciado señalado que no ha hecho nada para evitar el 'caso iDental', de que puede controlar los servicios que prestan individualmente sus colegiados, pero no las empresas de atención bucal, sociedades mercantiles o clínicas donde trabajan los mismos.
Y es que, tal y como ha informado, las funciones del organismo se circunscriben a la ordenación de la profesión y control ético y deontológico de sus profesionales, a fin de garantizar frente a la sociedad el correcto ejercicio profesional; representación institucional exclusiva de las profesiones cuando estén sujetas a colegiación obligatoria; defensa de los intereses profesionales de sus colegiados, como la lucha contra el intrusismo; y protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.
Los colegios "únicamente" tienen competencias deontológicas frente a estas empresas cuando se constituyen como sociedades profesionales y se inscriben en el Registro Mercantil como tales, así como en el propio Colegio, teniendo la misma consideración que un colegiado. Por este motivo, el Consejo General de Dentistas ha avisado de que lleva reclamando desde hace años a la Administración que aplique la Ley de Sociedades Profesionales, para así evitar que las empresas de servicios sanitarios se rijan exclusivamente por criterios mercantilistas.
"La Organización Colegial no tiene ninguna competencia ni responsabilidad en cuanto al control de las clínicas dentales. Son las Consejerías de Sanidad o sus Departamentos de Inspección los organismos competentes para la concesión y renovación de las autorizaciones de los centros sanitarios, así como la inspección y control de estos", ha dicho el presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro Reino.
Conforme a la legalidad vigente, prosigue, lo que sí pueden hacer los colegios es denunciar ante las autoridades competentes cualquier incumplimiento normativo por parte de una clínica dental, tal y como han hecho desde 2015 los colegios de dentistas de toda España y el Consejo General con la compañía iDental y otras similares.
POTESTAD SANCIONADORA
Dicho esto, el organismo ha informado de que una de las principales funciones de la Organización Colegial es velar por el cumplimiento de los principios éticos y deontológicos por parte de los dentistas durante el ejercicio de su profesión. Estos principios se encuentran plasmados en el Código Español de Ética y Deontología Dental, y su desarrollo procedimental, en los Estatutos y en los Reglamentos internos.
En cuanto a las sanciones, los colegios de dentistas no pueden pronunciarse sobre la existencia de una responsabilidad civil derivada de una mala praxis, ni establecer indemnizaciones a favor de los pacientes, pues esta competencia reside "única y exclusivamente" en los Tribunales de Justicia.
Por otra parte, Castro ha comentado que las quejas o reclamaciones presentadas por esta vía únicamente pueden derivar en la apertura de oficio de expedientes informativos y sancionadores por parte de los Colegios de Dentistas, sin que los reclamantes sean considerados parte interesada en el procedimiento disciplinario. Así, los ciudadanos deben saber que la potestad sancionadora no es incompatible con otras vías de actuación por parte del denunciante.
Del mismo modo, y ante las peticiones de algunos colectivos solicitando que el consejo y los colegios de dentistas obliguen a establecer unos precios más baratos de los tratamientos, Castro ha reiterado que, de acuerdo con la Ley de Colegios Profesionales, el ejercicio de las profesiones colegiadas debe realizarse en régimen de libre competencia y está sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y formación de precios, a la Ley sobre Defensa de la Competencia (LDC).
"Esta prohíbe la existencia de recomendaciones colectivas de precios, incluso aunque sea a través de baremos de carácter meramente orientativo", ha explicado, para asegurar que no existe la posibilidad de que los dentistas cobren "sobrecostes" a los pacientes por los productos fabricados por los laboratorios de prótesis porque, de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/20l5, de 24 de julio, "la colocación de las prótesis en la boca de los pacientes por parte de los dentistas no es un acto de reventa, comercialización ni distribución", sino que forma parte de las atribuciones propias del dentista, contempladas dentro de su reserva de actividad.
"A raíz del cierre de iDental, varias organizaciones han pedido al Consejo que los colegiados realizaran los informes periciales de manera gratuita. Pero la Organización Colegial carece de potestad para establecer precios de los informes. Es más, en cumplimiento de la normativa en vigor sobre la organización y funcionamiento del sistema de peritaciones judiciales, los colegios territoriales elaboran listados de peritos donde los dentistas se adhieren voluntariamente, sin que los colegios puedan establecer criterios mínimos de adhesión, para dar traslado a los Juzgados y tribunales", ha añadido Castro.
Por otra parte, el experto ha subrayado la importancia de tener en cuenta que la elaboración de un informe pericial forma parte del ejercicio profesional y supone una responsabilidad para el profesional. En cualquier caso, la decisión de renunciar a la remuneración por la elaboración de un informe pericial como de situación, corresponde únicamente al profesional.
"Desde el primer momento y en innumerables ocasiones, los Colegios y el Consejo General hemos comunicado lo que sucedía en las clínicas iDental a la Administración Central, Consejerías y partidos políticos, que son quienes tienen competencias para investigarles y sancionarles. Por nuestra parte, hemos hecho todo lo que nos permite la normativa vigente y, por supuesto, hemos mostrado nuestra entera disposición a la Justicia para que los culpables paguen por lo que han hecho e indemnicen a las víctimas", ha zanjado el doctor.
