MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) espera que, antes del día 26 julio, sean reconocidas un inminente laudo arbitral, como horas extraordinarias el tiempo que mas de 40.000 técnicos de transporte sanitario de toda España están a disposición de sus empresas a la espera de un traslado sanitario, estén o no en ese momento realizando un servicio en la ambulancia.
En la mayoría de las administraciones, estos servicios se realizan mediante un concierto con empresas privadas. El Tribunal Supremo ya reconoció en 2022 que este tiempo de espera debía ser reconocido como horas extraordinarias, lo que ha provocado la interposición de miles de demandas ante los distintos juzgados de lo social.
La CSIF es parte de este laudo en defensa de los trabajadores, que se conocerá previsiblemente antes del 26 de julio. En la actualidad, las empresas, en una situación de abuso de poder y aduciendo falta de financiación se niegan a reconocer estas horas como tiempo de trabajo efectivo. Las administraciones, por su parte, también son responsables y deben intervenir –como reclama CSIF- dotando de mayor cuantía las licitaciones, fomentando que las empresas realicen más contrataciones o en aquellos sitios en los que sea posible se realice una gestión directa por parte de la propia Administración, como ocurre por ejemplo en Baleares o La Rioja.
Las empresas pretenden eludir el pago de las horas extras bajo el paraguas de la aplicación de la normativa especial del personal estatutario sanitario (los sanitarios públicos). Este colectivo al que prácticamente no se le reconocen horas extraordinarias y se rige por un régimen de guardias, a través de la realización de "horas complementarias de atención continuada", un concepto salarial que se paga peor que las horas extras; concepto que la patronal pretende aplicar ahora a este colectivo, a pesar que la ley es de 2003.
El hecho de que los Técnicos de Emergencia sean sanitarios, no significa que sean personal público. CSIF espera que el laudo arbitral falle en favor de nuestros argumentos jurídicos, también en línea con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se corrija de esta manera esta situación de abuso por parte de la patronal de las ambulancias y de las diferentes administraciones públicas.
