MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha publicado un documento con 14 iniciativas clave para que desde el Ministerio de Sanidad se frene el deterioro y desmantelamiento del Sistema Sanitario Público, ya que considera que "el Ministerio de Sanidad sigue sin abordar los problemas del Sistema Nacional de Salud (SNS) ni adoptar medidas urgentes para afrontar la gravedad de la situación".
"Mientras la derecha en el poder acelera el desmantelamiento y privatización del sistema sanitario público el Ministerio de Sanidad en manos progresistas parece estar sumido en una política tímida y medrosa, incapaz de frenar la destrucción del sistema", afirma en un comunicado en el que ensalza la llegada de la Ministra de Sanidad, Mónica García por ser "una profesional comprometida con las luchas por la sanidad pública se ha abierto una puerta a la esperanza de un cambio en la política ministerial".
Respecto a la Atención Primaria afirman que es necesario recuperar sus funciones de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y trabajo comunitario para intervenir sobre los determinantes de la salud porque "actualmente está obsoleta, centrada en la consulta médico-asistencial, sin la estructura organizativa y funcional ni los recursos necesarios para llevar a cabo sus".
En cuanto a la privatización pide la derogación de la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión que "permitió la entrada de las empresas privadas en la Sanidad Pública mediante diversas fórmulas jurídicas (consorcios, fundaciones u otros entes dotados de personalidad jurídica) y acuerdos o convenios con personas o entidades públicas o privadas, y formas de gestión compartida".
Asimismo, advierte de que "los Centros Hospitalarios Públicos siguen trabajando a medio gas, generando grandes listas de espera y carecen de Política de Personal Incentivadora basada en la estabilidad y unas condiciones laborales justas y estimulantes. En muchas CCAA se mantiene la precariedad laboral".
Por otro lado, señala "el mantenimiento artificial de compañías aseguradoras privadas, gracias a la persistencia del modelo MUFACE, MUJEGU e ISFAS que atiende a quienes trabajan en la administración pública, fraccionando el sistema, encareciendo costes, permitiendo la selección de riesgos (envía a la sanidad pública la atención compleja y costosa) y la desigualdad en la atención".
Por otro lado, señala "el incremento exponencial del gasto farmacéutico por la falta de control de la influencia de los laboratorios sobre los prescriptores; la aparición de nuevos medicamentos innovadores y biotecnológicos de elevado coste y resultados inciertos; la presión de la industria para la autorización y financiación pública de nuevos fármacos y fijar los precios de referencia; la baja utilización de fármacos genéricos; la ausencia de una Central de Compras centralizada y de estructuras públicas sin presencia privada que evalúen sin presiones los nuevos fármacos; la inexistencia de un Laboratorio Público para la investigación y producción de nuevos fármacos".
Además señalan la adquisición intensiva y sin planificación de nuevos recursos tecnológicos; el incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades del personal que trabaja en el Sistema Sanitario Público; apuesta por incorporar a la Cartera de Servicios del Sistema Público la Salud Bucodental para acabar con una inaceptable discriminación que padecen las personas de menor renta; desarrollar las Áreas Sanitarias dotadas de órganos de gestión que permita la coordinación de Servicios Asistenciales con los de Salud Pública, atención a la Dependencia, instituciones locales y organizaciones de la comunidad para garantizar la intervención sobre los determinantes de la salud con una participación social real (desarrollar los Órganos de Participación Social); garantizar una Financiación finalista del gasto sanitario y unos Fondos de Cohesión Interterritorial; elaborar el Plan Integrado de Salud para que marque los objetivos comunes de todo el sistema sanitario; y asegurar la atención en Salud Mental para lo que se precisa de una financiación específica y de un aumento significativo de los recursos profesionales disponibles.
