MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica (FADSP) ha calificado de "insuficiente" la regulación en el Anteproyecto de la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción voluntaria del Embarazo sobre las interrupciones voluntaria del embarazo (IVE).
"Recordemos que ya la actual Ley establecía que la IVE se realizara de manera preferente en centros públicos, hecho que mayoritariamente no se cumple", critican a través de un comunicado.
En cuanto a la incapacidad temporal (IT) por cuadros médicos que se deriven de reglas incapacitantes (menstruaciones incapacitantes secundarias), FADSP apunta que "es algo que de facto ya se está realizando, como el propio Proyecto de ley reconoce".
"La novedad es que el INSS pagará desde el primer día de baja, cosa que ya también sucede en muchas empresas a través de sus convenios colectivos. Es fundamental reforzar la investigación de las causas de las menstruaciones incapacitantes", destacan.
Por otra parte, consideran "insuficiente y decepcionante" la regulación sobre la gestación subrogada como forma de violencia contra las mujeres, prohibiendo la publicidad de las agencias de intermediación y realizando campañas que refuercen la ilegalidad de estas prácticas.
"Es una medida insuficiente y decepcionante, pues esta práctica se podrá seguir realizando en el extranjero. La gestación por sustitución debería haberse tratado con medidas como prohibir el contrato, prohibir la actividad de las agencias, y no solo la publicidad, derogar la instrucción de registro de notariado, o revisar la complejidad de los trámites de adopción, manteniendo las garantías de idoneidad", resaltan.
FADSP también se ha pronunciado sobre la distribución gratuita de productos menstruales para mujeres con menos recursos y su dispensación en centros educativos, organismos públicos o centros penitenciarios. Desde Defensa de la Sanidad Pública lamentan que "no recoge la posible bajada del IVA para estos productos de primera necesidad para las mujeres durante buena parte de sus vidas".
Sobre la línea telefónica especializada en derechos sexuales reproductivos, que prestará información sobre el derecho a la IVE y el itinerario de prestación en los servicios públicos, FADSP recuerda que "en las CCAA existen líneas de atención telefónica que ya informan sobre cuestiones de salud en general".
"Lo más eficaz seria que dentro de la información telefónica (así como en su web), de las CCAA como responsables de cumplir la cartera de servicios, se ofrezca la información accesible sobre el circuito de acceso a la IVE en la correspondiente comunidad autónoma", argumentan.
También tienen críticas para la incorporación de la previsión de que cada centro cuente con los métodos quirúrgico y farmacológico de interrupción de embarazos, para que sea la mujer quien decida cuál quiere. "Esta medida debería aclararse, ya que los requisitos en cuanto a instalaciones para cada método son distintos, por lo que puede que no todos los centros puedan ofrecer ambos con garantías de calidad (como ocurre con otro tipo de prestaciones)", esgrimen.
También se refieren a la objeción de conciencia a través de la creación de un registro de objetores, donde se deberá manifestar la voluntad de objetar con carácter previo y por escrito.
"Esta medida debe vigilarse adecuadamente, ya que en la Ley vigente figura también la obligatoriedad de manifestar la objeción previamente y por escrito y con carácter individual, no de forma colectiva, algo que sin embargo sucede actualmente en una amplísima mayoría de los centros públicos. Deberían añadirse cláusulas de no discriminación profesional al igual que la sentencia constitucional establece para los objetores, también de los profesionales no objetores, para que no se vean relegados en exclusiva a realizar abortos", consideran.
