MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha advertido de que la sobrecarga de los profesionales sanitarios en Atención Primaria "perjudica la calidad y hasta la seguridad de la atención que prestan a sus pacientes, además de incrementar el riesgo para su propia salud laboral".
Tras los primeros meses de emergencia sanitaria, después del verano de 2020, durante el que se produjo una situación más generalizada de saturación en los centros de Atención Primaria relacionada con la acumulación de tareas asistenciales y de vigilancia epidemiológica que debían asumir, la institución inició actuaciones para intentar determinar el alcance del problema en algunos centros sanitarios en concreto y conocer las medidas que las administraciones estaban adoptando.
"La Atención Primaria muestra igualmente el efecto de la emergencia sanitaria en la saturación de los servicios, al igual que ocurre en el nivel de atención especializada y hospitalaria. Se ha producido en varios momentos durante el año el desbordamiento de los servicios sanitarios, en la Atención Primaria o en los servicios de urgencias y emergencias, con las consiguientes dificultades para continuar prestando una atención ordinaria a los pacientes. El funcionamiento de los hospitales también se ha visto muy alterado", resume el organismo liderado por Ángel Gabilondo.
En primer lugar, el Defensor resalta que "es conveniente que las administraciones registren la carga real que soportan los profesionales sanitarios, médicos y enfermeras, más allá de la carga nominal que recoge el cupo de pacientes asignados".
"Cuando la presión asistencial es elevada, genera a los profesionales una tensión excesiva, al tener que realizar esfuerzos que van más allá de lo razonable, y propicia, entre otros factores, el abandono progresivo de actividades adicionales que los facultativos de la Atención Primaria deberían estar en condiciones de desarrollar en buenas circunstancias, como puede ser la formación continuada", lamentan.
De hecho, informan de que algunos profesionales se han dirigido al Defensor manifestando su "extrema preocupación por la excesiva carga asistencial que soportan, lo que perjudica la calidad y hasta la seguridad de la atención que prestan a sus pacientes, además de incrementar el riesgo para su propia salud laboral".
Según el Defensor, las comunidades autónomas sostienen que la escasa cobertura de las plantillas en los centros de salud o consultorios locales se debe a "las muchas dificultades que encuentran para la contratación de especialistas en Medicina Familiar y comunitaria, pediatría y enfermería".
"IMPERIOSA NECESIDAD DE RECUPERAR LO ANTES POSIBLE LA ATENCIÓN NORMALIZADA"
El Defensor ha incluido en su informe varios estudios publicados el año pasado que vaticinan un descenso, por ejemplo, del número de nuevos cánceres detectados debido al impacto de la COVID-19 en los servicios sanitarios.
"Este indicador da idea de la imperiosa necesidad de recuperar lo antes posible una atención normalizada, no solo en los centros de Primaria, cuya labor es imprescindible para una inicial detección de los posibles casos de enfermedad grave, sino también en consultas externas y pruebas diagnósticas", explican.
Por otro lado, este año el Defensor ha seguido recibiendo quejas "muy apremiantes" de familiares de pacientes que, tras sufrir un accidente, frecuentemente de tipo cerebrovascular o ictus, necesitan un período de rehabilitación especializada que debiera ser abordada en una unidad hospitalaria o centro antes de retornar al domicilio.
"Así lo indican los informes clínicos hospitalarios, pero las administraciones encuentran muchas dificultades para proveer esa atención rehabilitadora especializada. Para atender correctamente estas situaciones, además de contar cada servicio de salud con las unidades y camas de media estancia necesarias, y los equipos profesionales correspondientes que hagan posible y eficaz la derivación, es preciso también que los servicios de trabajo social de los hospitales estén convenientemente dotados. El papel que desempeñan, con la debida coordinación con los servicios sociales de la comunidad autónoma, es crucial para atender adecuadamente estas complejas situaciones", defienden.
CANCELACIÓN DE CITAS: "PERJUICIO PARA LOS PACIENTES"
En cuanto a las listas de espera en consultas externas y en pruebas diagnósticas, el Defensor reconoce que la "reorganización de los recursos asistenciales y de los profesionales para la atención a los pacientes con COVID-19 ha ocasionado la suspensión de procedimientos y la modificación de citas atendiendo a criterios de priorización".
En ese sentido, varias consejerías han comunicado al Defensor la "realización de una nueva valoración de la situación clínica y social de los pacientes en lista de espera, a fin de determinar el adelanto o el mantenimiento de las fechas de las citas previstas para llevar a cabo consultas o intervenciones programadas, en actuaciones que fueron iniciadas para comprobar la garantía del adecuado seguimiento de su situación clínica".
En cualquier caso, avisan de que "la cancelación de consultas supone perjuicios para los pacientes, por lo que resulta necesario intentar reducir al mínimo el impacto que produce mediante una comunicación temprana al paciente y una ágil reprogramación".
ATENCIÓN TELEFÓNICA: "LIMITACIÓN DE CONTACTO PERSONAL"
Una consecuencia de la emergencia sanitaria, como ya se reflejaba en las conclusiones incluidas en el informe de 2020, es la potenciación de la atención prestada por teléfono a los pacientes. El Defensor esgrime que "la atención telefónica reduce, ciertamente, desplazamientos innecesarios al usuario, aumenta en parte su seguridad y agiliza el tiempo de atención".
Pero, sin embargo, también alertan de que "ocasiona una limitación del contacto personal entre el paciente y el profesional, para el que resulta más difícil apreciar aspectos importantes del estado de salud del paciente que serían observables a primera vista en una consulta, o el interpretar las propias expresiones del usuario sobre su propia situación clínica, especialmente cuando es atendido en una primera ocasión".
CIERRE DE CONSULTORIOS LOCALES
La institución ha recibido quejas procedentes de poblaciones de menor tamaño y del ámbito rural por la suspensión del servicio en los consultorios locales durante los peores momentos de la pandemia con el objetivo de prevenir contagios, lo que "ha condicionado la prestación de una atención cercana al paciente del medio rural cuando la situación de crisis se encuentra más controlada".
"Suspender la actividad en consultorios que fueron puestos en funcionamiento para facilitar en proximidad el acceso equitativo a una atención sanitaria integral puede comprometer la garantía de la calidad asistencial", afirman.
De acuerdo con las pesquisas del Defensor, en algunas ocasiones la suspensión del servicio en consultorios ha venido motivada por "la situación de incapacidad temporal o por el disfrute de permisos del único facultativo incluido en la plantilla asignada al centro".
El Defensor también ha propuesto que, mientras la plaza permanece sin cubrir, la realización por parte de un mismo facultativo de las consultas telefónicas de cada paciente "favorecería el seguimiento de su proceso asistencial".
