MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha demandado este martes recursos específicos de salud mental para adolescentes y jóvenes, "enfocandos el tratamiento de la enfermedad mental en el medio comunitario, evitando en la medida de lo posible su institucionalización".
Así lo ha señalado durante la presentación del Informe Anual 2024, este martes en el Congreso de los Diputados, donde hace un llamamiento para que las administraciones sanitarias y sociales autonómicas competentes examinen en profundidad las capacidades de que disponen para atender los problemas emergentes y más graves de salud mental en la población infantojuvenil.
En todo caso, parece preciso que todas las administraciones dirijan sus esfuerzos a disponer de más profesionales y recursos terapéuticos especializados para los niños, niñas y adolescentes, de forma que, ante las primeras manifestaciones de problemas de salud mental, las familias puedan acudir con prontitud y con la suficiente frecuencia a las consultas, con plazos de atención garantizados, sin las prolongadas esperas que se dan en muchas áreas de salud en la actualidad.
Como complemento a lo anterior, ve necesario disponer de una oferta asistencial suficiente para abordar los casos más complejos de problemas de salud mental y discapacidad en adolescentes y jóvenes, así como la patología dual y los trastornos de la conducta alimentaria, diseñando y acordando, si es preciso, una red de recursos específicos de referencia autonómica o estatal para la atención a la salud mental infantojuvenil multidisciplinar e intensiva. Además, de continuar fortaleciendo la coordinación entre los servicios sanitarios y los de atención social en esta materia.
Para Gabilondo la atención ambulatoria "deviene insuficiente y se requiere un esfuerzo terapéutico intensivo", así la institución que él dirige viene observando un paulatino incremento de quejas referidas a la insuficiencia de recursos específicos de media estancia para la atención de menores, y en algunos casos jóvenes adultos, que padecen problemas de salud mental, asociados a discapacidad intelectual o a adicciones, y que se beneficiarían de ese tipo de atención.
"Algunos de estos casos son de mayor gravedad y los adolescentes y jóvenes pasan en ocasiones largos períodos de tiempo en unidades psiquiátricas de hospitalización de pacientes agudos, por falta de plazas en recursos específicos para el tratamiento. Además, la complejidad de los perfiles de los afectados complica aún más la asignación de recursos", señala el informe.
AMPLIAR INFORMACIÓN SEGURO ESCOLAR
Así destaca el uso del seguro escolar que viene facilitando, para algunos de estos casos, y allí donde la Seguridad Social mantiene la gestión de las prestaciones sanitarias, "que los estudiantes con enfermedad mental o trastornos de conducta puedan acceder a otros recursos más específicos y de atención multidisciplinar, con los que no suelen contar los servicios autonómicos de salud en su cartera de servicios". Pero, en cualquier caso, lamenta el informe "hay una limitación de acceso a esta clase de recursos más específicos por motivos económicos, pues los tratamientos más complejos con internamiento requieren la cofinanciación por las familias".
El Defensor del Pueblo se ha dirigido a las comunidades autónomas que tienen traspasada la acción sanitaria del seguro escolar, así como a la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones, para ampliar la información sobre la gestión de este seguro.
Ya que no todas las familias pueden acceder en igualdad de condiciones a estas prestaciones, toda vez que el importe actual de estancia en neuropsiquiatría, aprobado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), es de 64,72 euros al día, por lo que, debido al elevado importe de estos tratamientos en centros privados, la familia del estudiante tiene que cofinanciar el tratamiento, lo cual resulta prácticamente imposible para las de rentas más bajas.
Entre los años 2006 y 2020 se traspasaron los medios adscritos a las prestaciones sanitarias del seguro escolar a ocho comunidades autónomas (Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares y País Vasco). En el resto del territorio, la gestión del seguro escolar tanto de la acción protectora sanitaria como de las prestaciones económicas la realiza el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
