MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha decidido suspender las actuaciones relativas a la posible inclusión de los análisis genéticos para el pronóstico de pacientes con cáncer de mama en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), teniendo en cuenta que el proceso de actualización de los estudios sobre la utilidad de las pruebas sigue su curso y a que es probable que se demore aún algunos años.
Con relación a la necesidad de una mayor concreción de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud en genética, se plantearon, a desde 2014, diversas quejas en las que se resaltaba que las pruebas genómicas para el pronóstico de pacientes con cáncer de mama se aplican en hospitales de la red pública de alguna comunidad autónoma, pero no en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
En 2017, la subsecretaría del ministerio comunicó a la institución que, una vez finalizaran los trabajos en curso en otras áreas de la cartera común de servicios, se programarían nuevos grupos de trabajo, entre los que apuntaba la posibilidad de incluir los de genética.
De esta última respuesta y del tiempo transcurrido desde 2014, ya en el pasado informe se desprendía la necesidad de "agilizar, en la medida de lo posible", la evaluación de la posible inclusión de las pruebas genómicas para el pronóstico de pacientes con cáncer de mama en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, con el fin de garantizar una atención basada en las mejores prácticas, en la evidencia científica disponible y en la equidad en el acceso a los recursos en la sanidad pública.
Por ese motivo la Oficina del Defensor del Pueblo se dirigió al Ministerio de Sanidad para conocer cómo iban los informes. Durante 2018, la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de Farmacia comunicó, tras esta petición, que la introducción en la práctica clínica de las plataformas genómicas predictivo-pronósticas para el cáncer de mama en estadios tempranos, con el fin de estimar de manera precisa el riesgo de recurrencia de las pacientes, no ha ido acompañada de la evidencia científica suficiente, que demuestre su utilidad clínica en términos de mejora de la salud, aunque se muestran como herramientas de utilidad para la toma de la decisión terapéutica.
Por ello, según consta en el Informe Anual 2018 que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha entregado este martes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet y al presidente del Senado, Manuel Cruz, se ha ido solicitando diversos informes a la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS. De acuerdo al último informe, la utilidad clínica de las citadas pruebas está pendiente de confirmación en función de la nueva evidencia que se vaya produciendo.
Dado que la Orden SSI/2065/2014, de 31 de octubre, establece que los análisis genéticos incluidos en la cartera común de servicios del SNS deben cumplir, entre otros, el requisito de ser de utilidad clínica, esta institución solicitó a esa dirección general que indicara un plazo orientativo dentro del que finalmente se pudiera confirmar o descartar la utilidad clínica de las mencionadas pruebas genómicas.
La dirección general ha informado de que, en junio de 2016, el Servicio Andaluz de Salud puso en marcha un estudio observacional post-introducción de las plataformas multigénicas disponibles para conocer su utilidad e impacto en la toma de decisión terapéutica, en el que la determinación del grado de utilidad clínica en términos de salud (supervivencia, recurrencia local o metástasis a distancia) requiere un seguimiento de 10 años.
Por ello, se plantearon unos objetivos secundarios cuyo análisis se está iniciando, transcurridos tres años desde el inicio del estudio, sobre la adecuación de la solicitud a los criterios establecidos y acerca de la estimación del impacto en la decisión terapéutica y cuyo resultado podría estar disponible este año, estando también previsto realizar nuevas valoraciones dentro del plazo comprendido entre los 5 y los 10 años.
Desde Sanidad se espera que estos resultados permitan obtener los datos necesarios para efectuar nuevos análisis de la probabilidad acumulada de recurrencia, metástasis y mortalidad a lo largo del tiempo y una evaluación económica de dichas pruebas.
Por todo ello, en el momento actual, "considera sumamente difícil adelantar una fecha en la que se disponga de evidencias suficientes para determinar, de forma concluyente", la utilidad clínica de dichas técnicas, "sin perjuicio de que se continúen realizando los mencionados estudios, y de que la obtención de nuevos resultados arrojados por otros permita ir avanzando en la valoración definitiva".