Está preocupada por el régimen de visitas con padres maltratadores y pide que este verano abran de nuevo los comedores escolares
MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha reiterado este martes que la asistencia sanitaria en España debe ser para "todas las personas que estén en territorio español", sin excluir a los extranjeros en situación irregular a quienes el Gobierno en 2012 privó de tarjeta sanitaria, de modo que sólo tienen derecho a ser atendidos en caso de urgencia.
"Lo hemos pedido en reiteradas ocasiones y mantenemos nuestra posición de pedirlo para todas las personas que están en territorio español", ha señalado Becerril en declaraciones a los medios en el Senado, en el día en que una docena de partidos políticos han suscrito un acuerdo para derogar el Real Decreto que fijó la exclusión sanitaria en cuanto alcancen mayoría parlamentaria suficiente.
Becerril ha comparecido este martes ante la Comisión Mixta Congreso Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo para dar cuenta de su informe correspondiente al año pasado, cuando recibió 23.186 quejas de los ciudadanos, la mayoría sobre asuntos sociales, impuestos o dilaciones en la justicia, e incrementó sus actuaciones de oficio un 41% hasta incoar 489 expedientes.
En su exposición, ha repasado los contenidos del informe, divulgado el pasado mes de febrero, y ha incidido en cuestiones particulares como las del área de Sanidad, para explicar que tras la elaboración de un monográfico sobre urgencias hospitalarias que llevó dos años ultimar, la institución ha emitido por fin sus recomendaciones a las administraciones públicas competentes, entre las que figura la implantación de la historia electrónica en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud.
Para Becerril, es necesario diseñar una aplicación informática de uso general en todo el sistema para que los antecedentes clínicos básicos de los pacientes, sobre todo los que necesitan continuidad asisencial, estén disponibles. Se recomienda además al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que no cuentan con defensor del pueblo propio, mayor coordinación con los servicios médicos asistenciales, dotación suficiente de plantillas y adecuado de infraestructuras.
"Es conveniente ampliar horarios e incluso días de apertura de los centros de día, los centros de atención general, porque si amplían sus horarios o hay más abiertos los fines de semana, seguramente habría menos ingresos por vía de urgencia", ha destacado Becerril, que también insta a "evaluar el mapa de los servicios de urgencias extrahospitalarios, potenciando su estructura material y de recursos humanos".
En su opinión, "el altísimo número de entradas que hay en el año 2012, 26 millones de entradas por los servicios de urgencia, hace pensar la importancia de estos servicios y el interés que tienen todos los ciudadanos en que preserven las mejores condiciones para las actuaciones y atención a los pacientes". En este sentido, recomienda adoptar medidas para proteger la intimidad y dignidad de los pacientes, facilitando el acompañamiento de sus familiares y el acceso a sistemas de reclamación.
VIOLENCIA DE GÉNERO Y VISITAS
A preguntas de los distintos diputados y senadores, Becerril se ha referido al particular de la violencia de género y ha avanzado que se han realizado "últimamente" algunas "recomendaciones interesantes" en relación que "los padres incursos en un procedimiento judicial por violéncia de género puedan hacer mal uso, abuso o un trato sumamente incorrecto" del régimen de visitas con sus hijos menores de edad.
"Es una decisión judicial al final, de acuerdo con la legalidad es el juez quien debe determinar si tiene o no acceso a las visitas, pero hemos llamado la atención sobre este extremo porque no podemos decirle al juez lo que tiene que hacer, pero nos preocupa", ha destacado en respuesta a la diputada socialista Ángeles Álvarez.
Becerril ha declinado pronunciarse sobre el caso de Ángela González, madre de una niña de siete años asesinada en un régimen de visitas sin vigilancia impuesto por orden judicial cuyo caso motivó una condena a España de Naciones Unidas el año pasado que el Estado no va a acatar. "No hemos hecho ninguna recomendación específica al respecto. No hemos actuado. No le puedo decir en este momento si vamos a hacerlo", ha dicho después en declaraciones a los medios.
LA NORMATIVA DE EXTRANJERÍA, "MÁS SEVERA EN ESPAÑA"
En el mismo contexto, ha avanzado algunas de las primeras observaciones sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) asunto en que está trabajando el Defensor del Pueblo para la elaboración de un informe específico a partir de visitas a instalaciones de España y otros países europeos. Como primera anotación, ha destacado que la legislación española "es más estricta y servera y tiene unos plazos más reducidos".
"En otros países la estancia de personas que han entrado irregularmente se puede prolongar mucho más tiempo, tienen una legislación más amplia y permisiva para que estas personas sean devueltas a su país o queden en libertad. Nuestra legislación es más estrictua y severa y tiene unos plazos más reducidos. Son observaciones que hemos hecho in situ", ha destacado, para apuntar además, que en otros países los CIE "están al lado de los aeropuertos", algo distinto en España.
Sobre migraciones ha contestado también a preguntas sobre los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes en Ceuta y Melilla y la situación en las vallas fronterizas. Ha destacado que la Unión Europea "ha concedido unas cuantías que en principio permiten instalar en los puestos fronterizos" oficinas de asilo y que la tramitación de la reforma de la Ley de Extranjería que legalizará las devoluciones en caliente "mejora bastante los procedimientos para vigilar y tramitar las peticiones".
"Me alegro de que el comisario de Interior e Inmigración de la UE (Dimitris Avramopoulus) haya anunciado que va a visitar España para conocer las fronteras. La comisaria anterior (Cecilia Malmstrom) en cinco años podría haberse tomado la molestia de venir antes de aleccionarnos o hacernos rexcomendaciones desde Bruselas, donde estas cosas se ven con distancia", ha añadido la defensora.
