MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente y fundador de VidaCord, Ángel Álvarez, ha advertido de que si la futura ley orgánica, que pretende aprobar el Gobierno tras declararse nulo el Real Decreto que regulaba los bancos de sangre de cordón umbilical, sigue contemplando la disposición universal obligatoria de dichas células acudirá nuevamente al Tribunal Constitucional.
El Tribunal Supremo declaraba la pasada semana nulo el Real Decreto que en noviembre de 2006 estableció las normas para regular los bancos de células madre, al entender que esta regulación no se ajusta a la legalidad y que ésta materia debía ser objeto de ley orgánica.
Al ser derogado RD que establece las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos, aquellos padres que han guardado sus muestras en la sede que este banco privado tiene en España no tendrán, al menos de momento, que ceder obligatoriamente sus células de sangre de cordón.
Mientras se tramita la nueva ley, "intentaremos comunicar y convencer a los responsables de lo que creemos que debería contemplar la nueva ley, se lo trasladaremos a los responsables del Ministerio de Sanidad, intentaremos dirigirnos a los portavoces de los grupos parlamentarios", ha señalado.
En cuanto a cómo van a seguir funcionando, "VidaCord trabajará en el marco que está en vigor", explica a Europa Press, no obstante "seguiremos trabajando como hasta ahora, el familiar que quiera dejarla en Madrid lo dejará y el que quiera mandarlo a Nottingham (Reino Unido) lo hará, siempre informando a los que la quieran dejar aquí que no tiene por qué poner a disposición universal sus muestras".
Por tanto, desde VidaCord se felicitan por el fallo ya que entienden que su regulación "debe pasar por la soberanía popular", asimismo Álvarez solicita la responsabilidad a quienes desde un despacho han hurtado la posibilidad de discutir un hecho fundamental ante el Parlamento.
Álvarez ha recordado que se estima que hay 200.000 unidades privadas españolas de sangre de cordón umbilical en bancos europeos. "Unas 200.000 unidades de sangre de cordón de españoles están diseminadas por Europa, y eso no es una broma; creemos que alguna consecuencia en el futuro va a traer, y ahí que solucionarlo", ha afirmado.
PROPUESTAS DE VIDACORD
Evitar el "exilio celular" de muchos cientos de miles de familias españolas que han decidido llevar sus muestras de sangre de cordón umbilical de bancos privados con sedes fuera de España y posibilitar el retorno de este material genético a España, son algunos de los objetivos de la nueva regulación.
"La forma de conciliar derechos individuales de las familias con el interés del conjunto de la población no es violar derechos fundamentales y la libertad de las personas como hacia el real decreto anulado sino que la forma de conciliar ambos aspectos", señala.
Para ellos proponen "la cesión consentida y con fines terapéuticos de células madre almacenadas para tratamiento de pacientes en espera de trasplante cuando fuera viable un trasplante alógenico no emparentado y existiera una muestra HLA compatible", que se encuentra dentro del objeto social de la compañía.
De este modo, cualquier familia que quiera guardar la sangre del cordón y, luego, esté dispuesto a que informemos de la compatibilidad a la Fundación Carrera podría hacerlo, pero "no por obligación sino porque las familias libremente quieren".
COSTES DE COMPENSACIÓN
Por otro lado, demandan que la nueva ley promueva la calidad y trazabilidad, que permita y haga compatibles los bancos públicos y privados de sangre de cordón umbilical. Asimismo, piden que la ley se abra a las perspectivas del avance futuro más que cerrarse a su reconocimiento, teniendo siempre presente el horizonte del ser humano y su dimensión ética.
Asimismo, demanda claridad en relación con los costes de compensación que normalmente se aplican en la utilización de los órganos o tejidos empleados en trasplantes. "Apelando al principio de transparencia e información veraz que debe presidir todo consentimiento", explica, señalando que "lo exige la bioética" y que lo lógico es que las familias donantes sean informadas de hay transacciones económicas entre las diferentes administraciones autonómicas y países.
