MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General de Enfermería ha aconsejado que la población y los profesionales utilicen mascarillas autofiltrantes, conocidas como FFP2, en aquellos lugares cerrados, poco ventilados y con aglomeración de gente (como el transporte público) y, en especial en aquellos donde haya más probabilidad de concurrir con personas portadoras del virus como, por ejemplo, centros sanitarios, sociosanitarios o farmacias.
Y es que, tal y como ha recordado el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, su uso es una medida capital para evitar la expansión del coronavirus, el colapso de la sanidad y muchas muertes más de las que ya han ocurrido.
Asimismo, y como ya se solicitó cuando se aprobó la bajada del IVA de las mascarillas quirúrgicas, el CGE subrayado la importancia de que tanto la reducción impositiva como la fijación de un precio máximo de venta al público se extienda a todas las mascarillas, siempre que esté certificada su eficacia.
"La actual falta de limitación en el precio de estas mascarillas está suponiendo una oportunidad de oro para algunos comercios especializados, entre ellos oficinas de farmacia, que están especulando desde hace meses con este material sanitario. Las mascarillas FFP2 son un bien de primera necesidad para los ciudadanos y por tanto es imprescindible protegerles de cualquier movimiento especulativo, priorizando en todo momento la salud frente al oportunismo de unos pocos", ha dicho.
Es más, a su juicio, hay que ir "más allá" deberían ser gratuitas para los colectivos más vulnerables, para todas esas familias e individuos sin ingresos o con ingresos muy bajos derivados de la situación socioeconómica desatada por esta emergencia sanitaria.
"Lo ideal sería incluirlas dentro del catálogo de medicamentos y productos financiados por el sistema nacional de salud con el mismo criterio de acceso en función de la renta y las circunstancias socioeconómicas de cada ciudadano. Es lo más justo y sensato", ha enfatizado Pérez Raya.
Finalmente, el CGE ha abogado por crear mecanismos que garanticen el acceso a estos productos en función a las necesidades de protección y circunstancias socioeconómicas particulares que pueda tener cada individuo. Según algunas estimaciones, una familia de cuatro miembros puede gastar al año unos 1.500 euros en mascarillas.
