MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Mesa de la Profesión Enfermera, formada por el Consejo General de Colegios profesionales y el sindicato Satse, anima al Ministerio de Sanidad a que tramite de forma urgente el nuevo Real Decreto que regulará la 'prescripción' de medicamentos por parte de estos profesionales, tras el acuerdo al que llegaron la semana pasada con el Foro de la Profesión Médica, y avisa de que por el momento no podrán indicar medicamentos sin la autorización previa de un médico.
Según aseguran en un comunicado, hasta que esta nueva norma no esté publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no se podrá restablecer el "normal funcionamiento" del sistema sanitario ni se pondrá fin a la "situación de conflicto" que supuso la regulación vigente desde hace dos años.
El acuerdo, alcanzado el martes pasado en el marco del Foro de Profesiones Sanitarias, permitirá a los enfermeros indicar y autorizar la dispensación de determinados medicamentos sujetos a prescripción médica en base a protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, que serán acordados en una Comisión que se pondrá en marcha para tal efecto.
Pero hasta que no entre en vigor, avisan, estos profesionales tendrán que atenerse a lo dispuesto en la normativa vigente y "en todos los casos" para poder indicar un medicamento sujeto a prescripción médica será necesario que un médico "haya determinado previamente el diagnóstico, la prescripción y el protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir", de forma individualizada, así como la realización por su parte del seguimiento del paciente.
"Desde la Mesa de la Profesión Enfermera recordamos a todos/as las enfermeras/os que, en base a esta normativa y a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la administración de todas las vacunas, tanto en las campañas estacionales como las del calendario vacunal, debe realizarse previa prescripción médica individualizada", avisan en un comunicado.
Igualmente, y dado que hay consejerías o servicios de Salud de ciertas comunidades autónomas han dictado órdenes, resoluciones, instrucciones o protocolos en sentido contrario, anuncian que se ven "obligados" a recurrirlas "en defensa de la seguridad jurídica de las enfermeras", solicitando además la suspensión cautelar de las mismas, por contradecir lo previsto por el Real Decreto vigente.
