MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
A la luz de los problemas de control de la infección planteados por la pandemia, y de las medidas adoptadas por varios países para superar las dudas sobre las vacunas, investigadores han hecho una comparación de los criterios éticos para imponer la vacunación del personal sanitario contra el COVID-19 y la gripe estacional.
La obligatoriedad de la vacuna antigripal para el personal sanitario está justificada desde el punto de vista ético, pero no puede decirse lo mismo de la vacuna COVID-19, afirman destacados especialistas en ética en un extenso ensayo publicado en línea en el 'Journal of Medical Ethics'.
A diferencia de la vacuna COVID-19, las ventajas superan a los inconvenientes para todos los grupos de edad: la vacuna antigripal es segura y tiene pocos efectos secundarios, reduce el riesgo de infección y minimiza la escasez de personal y el "presentismo", sugieren.
Además, el personal sanitario tiene la obligación profesional de proteger a los pacientes de un virus que es especialmente letal para las personas mayores, que están sobrerrepresentadas entre los pacientes hospitalizados. Los autores afirman que estas obligaciones están por encima de las restricciones a la libertad personal.
Un mandato de vacunación para el personal sanitario estaría en consonancia con los requisitos profesionales existentes, basados en la prevención de daños a los pacientes. Pero no toda obligación profesional es también un requisito legal, precisan.
Por lo tanto, los autores explican que se necesitan más criterios éticos para justificar una política de este tipo. Entre ellos están los pros y los contras de las vacunas y la disponibilidad de alternativas menos restrictivas para lograr beneficios sanitarios comparables.
Durante la pandemia, varios países obligaron a vacunar contra la COVID-19 al personal sanitario: Francia, Italia, muchos estados de Estados Unidos, varias provincias canadienses y Australia.
El gobierno del Reino Unido también planeó hacer lo mismo, pero no lo hizo por temor a las pérdidas de personal y por la percepción de mano dura ante la aparición de la variante Omicron, más leve. Sin embargo, sí consultó sobre la obligación de vacunar contra la gripe estacional a los trabajadores sanitarios, de los que aproximadamente 1 de cada 4 no se vacuna contra el virus.
La gripe mata a más de 11.000 personas cada año solo en Inglaterra, cifra que se elevó a más de 22.000 en 2017-18. Los datos de los hospitales del University College de Londres durante la temporada de gripe 2018-2019 sugieren que el 15% de los pacientes internos con gripe contrajeron la infección mientras estaban en el hospital (infección nosocomial).
En algunas temporadas de gripe, un gran número de personal no vacunado se enferma, lo que provoca escasez o "presentismo" -donde el personal con la infección sigue trabajando-, lo que aumenta el riesgo de contagio a pacientes y compañeros.
"Los mandatos de vacunación suelen ser controvertidos, ya que implican la limitación de las libertades individuales en aras del bien colectivo --reconocen los autores--. Sin embargo, cuando se trata de trabajadores sanitarios, los contraargumentos basados en la libertad son más difíciles de aplicar. Sencillamente, el personal sanitario tiene la obligación ética y profesional de no dañar a los pacientes, o de minimizar el riesgo de daño a los pacientes, algo que no tienen otras personas", señalan.
"Ya está comúnmente aceptado que los trabajadores sanitarios deben asumir al menos un cierto riesgo adicional para la salud por el bien de sus pacientes... La cuestión que está en juego no es si esto está justificado, sino cuánto riesgo adicional es justificable por las obligaciones contractuales y profesionales", añaden.
Las vacunas COVID-19 se asocian a un pequeño riesgo de coágulos sanguíneos y miocarditis (inflamación del músculo cardíaco), y dado el riesgo relativamente bajo de enfermedad grave por COVID-19 entre el personal más joven, los contras podrían superar a los pros, sugieren.
Las vacunas actuales contra el COVID-19 tampoco parecen ser muy eficaces para prevenir el contagio, y la protección que ofrecen contra los síntomas desaparece al cabo de unos meses.
Además, la gravedad de la enfermedad por COVID-19 se ha reducido, debido a los cambios en la forma circulante del virus, a la gran aceptación de la vacuna en las personas de mayor riesgo, a las altas tasas de inmunidad natural y a la disponibilidad de cada vez más tratamientos, señalan los autores.
Estos problemas no se aplican a la vacuna contra la gripe estacional, que se ha utilizado durante décadas, tiene un perfil de seguridad bien establecido y pocos efectos secundarios, en su mayoría menores, destacan.
Un mayor uso de la vacuna antigripal minimiza el riesgo de daños a los pacientes, no sólo porque reduce el riesgo de infección, sino también porque disminuye el riesgo de escasez de personal debido a la enfermedad. Y los datos sugieren que las vacunas antigripales obligatorias aumentan el consumo más que las medidas menos severas, dicen los autores.
Pero la cuestión sigue siendo qué nivel de coacción es éticamente aceptable. "Una forma de lograr un equilibrio entre la libertad individual y los intereses de los pacientes es hacer de la vacunación una condición para entrar en la profesión en lugar de obligar a los ya empleados, y adoptar un mandato condicional si es posible para los que ya están en la profesión", escriben.
"En última instancia --prosiguen--, hay que establecer un equilibrio ético entre la protección de los pacientes (incluido su propio derecho a no adquirir infecciones nosocomiales graves pero prevenibles) y la coacción a algunos profesionales sanitarios para que se vacunen contra algo que preferirían no recibir".
Y por todo ello concluyen que "el balance de riesgos y beneficios sugiere que un mandato de vacunación contra la gripe, pero no un mandato de COVID-19, sería actualmente éticamente proporcionado".
Pero advierten: "Los mandatos deben introducirse sobre una base específica de la enfermedad y de la vacuna. El problema debe ser importante; las vacunas deben ser seguras y eficaces para prevenir la enfermedad y/o la transmisión; las medidas obligatorias deben ser superiores a las alternativas menos coercitivas; y los costes en pérdida de libertad y riesgo para los profesionales sanitarios deben ser proporcionales en términos profesionales a los beneficios para los pacientes".
