MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha insta al Gobierno a no apoyar ante las instituciones europeas la introducción del certificado de vacunación contra la COVID-19 hasta que "exista mayor evidencia científica sobre la reducida transmisibilidad de los vacunados y sobre un periodo de validez de la inmunidad suficientemente prolongado".
A través de un posicionamiento, piden al Ejecutivo español que espere hasta que "se facilite un acceso universal a las vacunas" y "se establezca un adecuado marco de garantías que permita el respeto del principio de equidad y de los derechos fundamentales de las personas". "Lo urgente y prioritario es ampliar la vacunación al mayor número de personas para alcanzar la deseada inmunidad de grupo", insisten.
La Unión Europea está preparando un proyecto de reglamento para la implantación de un pasaporte europeo de vacunación (o certificado verde digital), que tendría como finalidad principal favorecer la libre circulación de los ciudadanos comunitarios por todo el territorio de la Unión Europea, incentivando de esta manera el turismo y facilitando la reactivación de la actividad económica.
El documento recogería datos sanitarios sobre las personas que podrían ser leídos en otros Estados. Sería un documento interoperable que contaría con un código de barras que permitiría verificar la autenticidad, validez e integridad del certificado. Recogería tres tipos de certificados distintos: sobre vacunación, sobre ausencia de infección activa (PCR o test de antígenos con resultado negativo en fecha reciente) o sobre la existencia de anticuerpos frente al SARS-Cov-2 por haber pasado ya la enfermedad.
En principio, el certificado no pretende ser configurado como una condición para ejercer la libertad de movimiento. Simplemente evitaría que los Estados exigieran someterse a una prueba obligatoria para la detección del virus o a requisitos de cuarentena a su llegada al destino.
Los expertos de SESPAS, no obstante, aducen que "desde el punto de vista científico, la utilidad de la vacuna para reducir la transmisión no está todavía del todo clara y, en todo caso, podría ser limitada". Asimismo, alegan que "puede plantear problemas de equidad".
"El reparto establecido en los países de la Unión Europea y, en concreto en España, supone un acceso desigual, condicionado por las estrategias fijadas por las autoridades sanitarias, que pueden variar entre países o regiones, y, en ocasiones, por factores ajenos a las mismas. En consecuencia, estos pasaportes de vacunación pueden constituirse en un factor de inequidad e injusticia social y esto supone nuevos dilemas desde un punto de vista ético y jurídico", justifican.
