MÉRIDA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha avanzado que la Junta de Extremadura presentará alegaciones, en las que ya está trabajando, ha dicho, contra el anteproyecto de ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios.
Al respecto, la consejera ha señalado que este anteproyecto de ley de medicamentos "preocupa a todos" y ha añadido que la primera medida que adoptará el Ejecutivo regional es presentar alegaciones al mismo.
García Espada respondía así a una pregunta formulada en el pleno de la Asamblea de este jueves por el diputado de Vox Javier Bravo Arrobas sobre las medidas que va a adoptar la Junta para garantizar la viabilidad de las farmacias y asegurar la continuidad del suministro de medicamentos en toda la región.
LA CONSEJERA LAMENTA QUE LAS COMUNIDADES NO HAYAN SIDO INFORMADAS
La consejera extremeña ha lamentado que las comunidades autónomas no hayan sido informadas sobre este anteproyecto, ya que el pasado 4 de abril, el orden del día de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, no incluía esta cuestión.
Así, en el turno de ruegos y preguntas, García Espada puso el tema encima de la mesa y trasladó que tenía conocimiento de que el día 8 de abril se iba a aprobar el texto en la reunión del Consejo de Ministros.
Ante ello, como ha explicado, la reacción de la ministra de Sanidad, Mónica García, fue poner "cara de póquer". "Una situación tremendamente incómoda por la deslealtad institucional y la falta de voz y de consenso", ha criticado.
"Las comunidades autónomas no hemos sido informadas, no hemos tenido voz y, por supuesto, tampoco la comisión permanente de farmacia. Y, efectivamente, el 8 de abril se aprobó en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley", ha asegurado.
Tras ello, como ha incidido Sara García Espada, colegios profesionales, asociaciones de pacientes, industrias farmacéuticas o comunidades autónomas se unieron "todos a una" evidenciando el "fracaso del anteproyecto de ley" y lanzando un "grito de auxilio ante lo que consideran un atropello".
"Desde Extremadura, les reitero, vamos a alegar que se permita la coordinación de la prestación farmacéutica en el seno del Consejo Interterritorial, que no invadan competencias autonómicas en el uso racional del medicamento ni en la propia gestión de la prestación y, por supuesto, el sistema de precios seleccionados o precios de referencia", ha avanzado.
Así, ha recalcado que Extremadura es la comunidad autónoma con mayor número de farmacias rurales, un 44 por ciento, y por ello trabaja de la mano de los colegios profesionales con el "firme convencimiento" de la presidenta de la Junta, María Guardiola, de que las farmacias sean un "referente en salud".
VOX INSTA A LA JUNTA A RESPONDER A UNA "ABERRACIÓN"
Por su parte, el diputado de Vox Javier Bravo Arrobas ha instado a la Junta a "atender y responder" de forma urgente a esta "aberración" que, en su opinión, realiza el Gobierno de Pedro Sánchez hacia la España vaciada.
Así, ha explicado que Extremadura, con una ley de farmacia propia desde 2006, tiene competencias en materia de ordenación farmacéutica, planificación del mapa de farmacias, autorización y colaboración con los colegios profesionales.
Por ello, entiende que tiene capacidad para adoptar medidas que garanticen la viabilidad de las oficinas de farmacias, en especial en las zonas rurales o con riesgo de despoblación.
"En muchos pueblos, en este caso, por ejemplo, en Aljucén, la farmacia no es solo un lugar donde se piden medicamentos, es el único recurso sanitario disponible en forma diaria, un punto de referencia en la vida del municipio y muchas veces el único contacto de los vecinos con el sistema sanitario", ha planteado el diputado.
Así, ha indicado que si dicha farmacia cierra no solo se pierde el establecimiento sino que se pierde un "derecho", al tiempo que ha recordado que "ya hay tres farmacias cerradas en la región.
De este modo, Javier Bravo Arrobas ha agradecido que la Junta vaya a alegar al anteproyecto pero ha insistido en la "urgencia de actuar y tomar medidas", toda vez que "no se trata de un tema sanitario sino también de una cuestión territorial de justicia social y de igualdad de oportunidades".
Así, ha preguntado a la consejera por si la Junta tomará medidas adicionales al respecto, además de considerar que sería "conveniente" abrir una reflexión sobre la figura del farmacéutico rural y reconocer su papel como "garante de la salud en entornos especialmente frágiles".
"Extremadura no puede permitirse perder más servicios públicos en el medio rural. Si cerramos farmacias, no solo dificultamos el acceso a los medicamentos, estamos dando un paso atrás en la lucha contra la despoblación. Necesitamos medidas claras, compromiso y acción", ha reclamado.