MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones oara la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha aplaudido, por ser "una noticia positiva", la recuperación del derecho a la reproducción asistida a las mujeres solas y lesbianas en la Cartera de Servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS), y ha cargado contra la exministra de Sanidad Ana Mato, al frente del Ministerio cuando se "arrebató este derecho", por su "LGTBIfobia e intento de imponer la moralidad ultracatólica".
A través de un comunicado, la FADSP ha celebrado que acabe esta "discriminación" que, en su opinión, "suponía graves trastornos para algunas personas, cuyas opciones personales no entraban en el esquema mental de quien era capaz de no enterarse que tenía un Jaguar en su garaje", en referencia a la implicación de Mato en el caso Gürtel, en el que fue condenada como partícipe a título lucrativo.
"Es bien sabido que esta medida adoptada por el PP cuando Ana Mato era ministra de Sanidad no respondía a criterios sanitarios ni lógicos, ni tan siquiera económicos, porque se trata de un grupo muy reducido de personas, sino al intento de imponer la moralidad ultracatólica y la LGTBIfobia de quienes la aprobaron", censuran desde la FADSP.
Asimismo, aseguran que apoyarán "todos los pasos que supongan avances concretos en el derecho de las personas a la atención sanitaria", pero recuerdan que "las políticas de recortes y exclusiones de los últimos gobiernos del PP deben revertirse a la mayor brevedad".
En esta línea, recuerdan que la exclusión de las mujeres solas y lesbianas de los tratamientos de reproducción asistida es "uan secuela de la fragmentación de carteras sanitarias impuesta por el Real Decreto-Ley 16/2012", que sigue vigente, y que incluia además otras cuestiones como al copago de los medicamentos que se retiran de las farmacias hospitalarias.
"Entendemos que está bien avanzar, pero que es urgente la derogación del Real Decreto-Ley 16/2012 porque cada día que pasa supone el sufrimiento de miles y miles de personas que se ven excluidas del derecho a la protección de la salud que recoge la Constitución", concluyen.
