MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) no ha recibido ninguna notificación por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que les de una "instrucción clara" sobre cómo se deberá aplicar el copago farmacéutico que entrará en vigor el próximo 1 de julio, tal y como recoge el Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), puesto en marcha por el Ejecutivo.
En declaraciones a Europa Press, la vicepresidenta de Relaciones Institucionales de la patronal estatal de oficinas de farmacias, Isabel Vallejo ha explicado que "a día de hoy las farmacias de toda España no tienen una instrucción clara de cómo se tiene que hacer y aplicar".
En este sentido, ha recordado que, pese a que un 99 por ciento de las farmacias están informatizadas, "dependiendo de la comunidad autónoma, hay diversos modelos de recetas, de informatización de consultas médicas, de programas", lo que puede dificultar una homogeneidad en su desarrollo.
Estas diferencias entre CCAA le lleva a pensar que "hubiese sido prudente tener una instrucción clara; que se hubiera dado un tiempo de implantación en todos los sistemas que se usan en las farmacias; y, posteriormente, hubiera sido conveniente que se hubiera habilitado un periodo de prueba para conocer de todos los problemas que puedan surgir porque la casuística es variada".
Por otra parte, Vallejo recuerda que con su implantación "remodela" todo el sistema que viene funcionando desde hace tiempo y, esta situación, va a provocar que "los farmacéuticos se encuentren solos ante los pacientes" para solventar todos estos problemas, no ya de explicación de los ciudadanos sobre cómo funciona el nuevo copago, sino todas las variables técnicas que se pueden producir, como que aún desconocen el nuevo modelo de receta o exactamente cuál será su desarrollo en aquellas CCAA que ya han afirmado asumir el coste total o parcial de este copago.
Finalmente, echa en falta que, pese a tratarse de una norma Estatal, "no hay un principio de lealtad institucional por parte de las CCAA y de no discriminación de los ciudadanos de todos el territorio nacional", ya que considera que "debería de aplicarse en condiciones de igualdad en toda España por ser competencia estatal". "A posterior las comunidades autónomas tiene manera de compensar o resarcir el dinero a sus ciudadanos", ha añadido.
