MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha mostrado su rechazo a que se castigue con penas privativas de libertad a quienes presten "una ayuda benefactora solicitada libre, seria y reiteradamente" a un enfermo terminal o muy grave para ayudarle a morir. Igualmente, reclaman una Ley que incluya una "adecuada regulación" del suicidio asistido.
"Constituye una crueldad añadida al obligarle a vivir contra su voluntad, o abocarle a una muerte trágica y violenta, cosas ambas incompatibles con el sistema de valores que incorpora nuestra Constitución", defiende la asociación de fiscales a través de un comunicado, que han difundido tras el debate generado con el hombre que ayudó a suicidarse en su casa de Aravaca (Madrid) a su mujer, enferma terminal de esclerosis múltiple.
Los fiscales piden al nuevo Parlamento que salga de las elecciones del 28 de abril que "despenalicen" las conductas contempladas en el artículo 143.4 del Código Penal, que recoge pena de cárcel para cualquier persona que "cause o coopere activamente en la muerte de otro" que sufra una enfermedad grave que conduzca "necesariamente" a la muerte o que le produzca "graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar".
UPF recuerda en cualquier caso que, a pesar de las leyes autonómicas denominadas 'de muerte digna', permanece "fuera del ámbito de libre decisión personal" recibir ayuda de un médico para finalizar la propia vida "de un modo seguro, pacífico e indoloro cuando, a criterio del interesado, la vida que resta no merece ser vivida".
Sin embargo, reivindican que el poder legislativo "no puede seguir ignorando la voluntad popular soberana". "Tantas veces como se le ha preguntado, la sociedad española, sin restricción de edad, credos ni adscripción política ha manifestado de forma abrumadoramente mayoritaria su voluntad de que se regule legalmente la eutanasia", indican.
En esta línea, defienden la Proposición de Ley de la Eutanasia presentada por el PSOE en el Congreso, que no ha conseguido aprobarse por falta de acuerdo entre los grupos. A su juicio, "ha iniciado un camino que debe continuar". "La experiencia acumulada en los países de nuestro entorno cultural y político que regularon estas conductas hace ya muchos años indica que no se ha materializado el impacto negativo sobre las poblaciones vulnerables que algunos emplean como argumento para frenar la legalización de las conductas eutanásicas", argumentan.
Así, piden la apertura de un "debate parlamentario transparente a la ciudadanía", que culmine en una ley reguladora de las conductas eutanásicas "garante de la libre autonomía personal" recogida en la Constitución. "Esperamos que el nuevo parlamento sea, por fin, capaz de llevar a la ley las aspiraciones de más libertad y autonomía demandadas por el pueblo al que representan", concluyen.
