Avisa de la insuficiente valoración del riesgo de las 16 mujeres que denunciaron al agresor y fueron asesinadas en 2016
MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía General del Estado advierte de las "escasas" denuncias realizadas por los profesionales de la sanidad, enseñanza o servicios sociales, que, en su opinión, son los "primeros" que pueden detectar los indicios de la violencia sobre la mujer, pero "no son conscientes de su obligación de denunciar".
Así lo ha manifestado la institución que dirige José Manuel Maza en la Memoria de la Fiscalía 2017, presentada este miércoles 5 de septiembre, en la que aconseja además continuar con la labor de concienciación de la víctima, sus familiares y personas de su entorno para que denuncien e insiste en la obligación de denunciar de los profesionales.
Para el Ministerio Fiscal, el número de víctimas mortales, aunque ha descendido, sigue siendo "demasiado alto", al igual que el de aquellas víctimas que no denuncian. "Junto a ese silencio, también preocupa el de familiares, vecinos y amigos que conocen o sospechan la existencia de malos tratos", apunta la institución.
Asimismo, lamenta el "notable incremento" de la violencia de género digital, "especialmente entre adolescentes y jóvenes", ya que, a su juicio, las redes sociales constituyen el "principal" medio de comunicación entre ellos y, a la vez, facilitan el control, la vigilancia y la presión sobre la pareja, aprovechando además el anonimato y la "gran repercusión" que la red tiene.
Por ello, advierte de la "necesidad" de que las administraciones competentes adopten las medidas precisas para garantizar en el ámbito de la educación la transmisión de valores de "igualdad, respeto y no discriminación".
OBLIGAR A LA VÍCTIMA A DECLARAR
Del mismo modo, asegura que es "imprescindible" insistir en la importancia de avanzar en la formación de todos los profesionales implicados en esta materia y en su especialización a todos los niveles, y reclama la "inaplazable" reforma del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dispensa de la obligación de declarar a la víctima de violencia de género.
La Fiscalía celebra que se reconozca a los menores, hijos de mujeres víctimas de violencia de género, como víctimas por el simple hecho de haber presenciado y sufrido el maltrato a su madre, y que se haya reforzado la obligación de los jueces de pronunciarse sobre el mantenimiento o no de la guarda y custodia, la patria potestad y el régimen de visitas, así como el protagonismo otorgado a los menores al tener que ser oídos para conocer su opinión antes de adoptar medidas que les afecten.
El Ministerio Fiscal recuerda que el total de mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja ascendió a 52 en 2016, lo que supone no sólo una reducción con relación al año anterior, que se saldó con 62 víctimas, sino la menor cifra computada en la última década, junto con el año 2012. No obstante, advierte de que aún hay cuatro casos en investigación.
ASESINADAS TRAS DENUNCIAR AL AGRESOR
También indica que paralelamente al "significativo incremento" de denuncias que reflejan los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pasando de 129.193 en el año 2015 a 142.893 en el año 2016, lo que supone un del 10,6% más, se constata un ligero aumento del número de mujeres asesinadas que habían denunciado previamente (16).
La Fiscalía pone de manifiesto que de estas víctimas mortales que denunciaron, 12 de ellas, es decir, el 75 %, habían hecho uso de la dispensa, se acercaron a su agresor a pesar de la orden de protección vigente o, una vez cumplida la condena, reanudaron la convivencia. "Este dato tan significativo nos lleva a reclamar que la atención, asistencia y apoyo a las víctimas debe realizarse por personal cualificado y especializado con un seguimiento constante", señala.
La institución que dirige Maza sostiene que hay que hacer una revisión de estos casos mortales con denuncia previa y asegura en ninguno de ellos se estableció como medida de protección el control telemático de sus agresores por las "reticencias" de los jueces como por la falta de insistencia de los fiscales y abogados de las mujeres para solicitar su imposoción.
También señala que los elementos con los que se cuenta a la hora de realizar una valoración del riesgo policial son insuficientes y no se reúnen todos los indicios para que este diagnóstico sea lo más adecuado posible. En este sentido, apuesta por tener en cuenta los informes médicos, psicológicos, servicios sociales y educativos. "Quizás la propia rapidez del sistema por otorgar una protección a la víctima no redunde en su beneficio", añade.
En concreto, lamenta el uso "escaso" del Protocolo Médico Forense de Valoración Urgente del Riesgo de Violencia de Género, habiéndose emitido exclusivamente 284 informes de conformidad con este sistema, "un número muy inferior al del año anterior (421) y a todas luces insuficiente e insignificante si se tiene en cuenta el número de solicitudes de orden de protección en las que su utilización podría haber sido de gran utilidad (0,74 % del total de aquellas)".
El Ministerio Fiscal destaca el "escasísimo" porcentaje de causas incoadas cada año por delito de acusación y denuncia falsa, hasta las 194, en relación al número de denuncias interpuestas por violencia sobre la mujer –-1.055.912-–, lo que supone un 0,18%. "Es suficientemente elocuente para rebatir las voces que se alzan en torno a la prevalencia de denuncias falsas en materia de violencia sobre la mujer", apostilla.
