MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha aprobado este viernes los criterios de distribución, para el año 2017, del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, destinado a actuaciones realizadas en los ámbitos de la reducción de la demanda y del control de la oferta de drogas, así como a la cooperación internacional en esta materia.
El Fondo está gestionado por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, integrada por representantes de los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Hacienda y Función Pública, Justicia e Interior, y presidida por el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín.
Las cantidades de las que pueda disponer no están todavía determinadas hasta que no se conozcan las sentencias firmes y se hayan completado los procesos de enajenación (subastas de vehículos, embarcaciones, etcétera) previstos.
Pueden destinarse a financiar programas de prevención, asistencia e inserción social y laboral, en relación con las drogodependencias; actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas; y cooperación internacional en la materia.
En relación a los programas de prevención, las prioridades del Fondo serán la prevención de los nuevos patrones de consumo y de las nuevas sustancias, la atención a los menores en situación de riesgo y los programas centrados en los problemas de las mujeres.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ONGS, BENEFICIADOS
Los beneficiarios de este fondo pueden ser la propia Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, comunidades autónomas y entidades locales, organizaciones no gubernamentales o entidades privadas sin ánimo de lucro de ámbito estatal, organismos internacionales o supranacionales y gobiernos extranjeros.
Asimismo, también pueden beneficiarse del fondo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con competencias en materia de narcotráfico, el departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o la Fiscalía Especial Antidroga, así como cualquier otro organismo con programas o acciones relacionados con el control de la oferta de drogas.
