MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
España acaba de trasponer la Directiva 59/2013/EURATOM, que obliga a todos los estados miembros a medir y controlar el radón en viviendas, colegios, edificios públicos, lugares de trabajo, etc; cuyo plazo límite para trasponerla venció en febrero de 2018.
Este Real Decreto supone una trasposición solo parcial de la Directiva, puesto que en ella también se obliga a los Estados miembros a diseñar un Plan Nacional contra el Radón en el que se establezcan medidas concretas de protección de los ciudadanos.
Sin embargo, "aún no se conoce fecha estimada para la publicación del mencionado Plan Nacional, ni siquiera un borrador", según denuncia José Miguel Rodríguez, responsable del programa Vivesinradon.org del Instituto para la Salud Geoambiental.
Para este experto, "el retraso en la implantación del Plan Nacional contra el Radón supone un menoscabo para los ciudadanos españoles frente al resto de ciudadanos europeos. Es el Plan Nacional el que debe establecer estrategias específicas encaminadas a reducir la exposición de la población al gas radón y, por tanto, disminuir los riesgos que representa para la salud".
El radón está calificado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde hace ya 34 años, "es decir, que no representa un riesgo nuevo sino al contrario, es un problema muy conocido y contrastado, y sin embargo el Estado español sigue mirando para otro lado y haciendo dejación de funciones", señala Rodríguez.
"No solo no protege a los ciudadanos, como es su obligación, sino que ni siquiera informa o divulga sobre este problema. Muchas personas que viven en zonas de riesgo desconocen el alcance real y las implicaciones del radón para su salud", advierten.
El radón es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco, incluso en personas que nunca han fumado. En fumadores, el riesgo de cáncer de pulmón se incrementa exponencialmente. La OMS calcula que entre un 3% y el 14% de las muertes por cáncer de pulmón están relacionadas con el radón. En España, esto supone que entre 1.500 y 2.000 personas mueren cada año por cáncer de pulmón debido a la exposición a este gas radiactivo.
Se desconoce el umbral por debajo del cual la exposición no suponga un riesgo, y por otro lado está demostrado que la mayoría de los casos de cáncer de pulmón están provocados por concentraciones bajas o moderadas, y no por concentraciones elevadas.
UNA PROTECCIÓN INSUFICIENTE
El Real Decreto que acaba de publicar el Gobierno define las bases genéricas que guiarán la protección de los ciudadanos frente al radón. En este sentido, establece un límite máximo de exposición al radón de 300 Bq/m3 (becquerelios por metro cúbico), frente al nivel oficial contemplado hasta ahora en España de 600 Bq/m3. P
Para Vive sin radón este nivel de protección resulta insuficiente, puesto que países como Irlanda, Canadá o Estados Unidos han establecido su nivel de referencia en 200 Bq/m3, y la OMS recomienda como referencia los 100 Bq/m3.
José Miguel Rodríguez considera que "el límite de referencia que establece el nuevo Real Decreto está claramente por encima de lo deseable, porque se sabe que por cada 100 Bq/m3 de aumento en la exposición a radón, el riesgo de cáncer de pulmón se incrementa en un 16%".
Por otra parte, según el responsable de Vivesinradon.org, "es importante destacar que esta normativa solo es un primer paso en la protección de la población frente a este peligroso gas. Aún queda por ver qué medidas y acciones se incluirán en el Plan Nacional contra el Radón que debe establecer el Ministerio de Sanidad, y si realmente existe o no voluntad de recuperar el tiempo perdido en legislar y avanzar para establecer un nivel de referencia más cercano a lo que recomienda la OMS de 100 Bq/m3, en la línea de lo que hacen otros países como Irlanda, Reino Unido, Suecia, Noruega, Canadá o Estados Unidos, que tienen niveles de referencia más bajos en sus legislaciones desde hace bastante tiempo".
