MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha vetado en el Congreso una proposición de ley aprobada por la Junta General del Principado de Asturias para la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública, que busca recuperar la figura del 'asegurado' eliminada en la reforma de 2012. El Ejecutivo señala que el nuevo texto supondría un coste de más de 1.250 millones de euros.
Según apunta el Ejecutivo en el escrito de disconformidad recogido por Europa Press, el decreto ley puesto de 2012, por el que el Gobierno de mayoría absoluta del PP reguló la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, tenía como objeto lograr "la máxima simplificación administrativa y la continuidad ininterrumpida de la cobertura sanitaria sin intervención del interesado".
Sin embargo, para el Parlamento asturiano esta reforma supuso una "profunda alteración" del derecho a la protección de la salud y aunque las limitaciones se han ido paliando mediante diferentes instrumentos normativos estatales y autonómico, a su juicio, "aún quedan colectivos de población que no ven garantizado este derecho constitucional".
Por ello, Asturias reclama la eliminación del régimen previsto en aquel decreto ley, algo que el Gobierno central no admite tramitar alegando que costaría en torno a 1.250 millones de euros, teniendo en cuenta los diferentes colectivos que volverían a tener cobertura sanitaria en España, cuando, en su opinión, deberían hacerse cargo de los costes de la misma otros estados miembros.
EL GOBIERNO NO VE DESPROTECCIÓN
Concretamente, se refiere a la inclusión de los ciudadanos europeos o con convenio bilateral, unas 670.000 personas, que supondrían al Estado 920 millones de euros; a los que habría que sumar los 270 millones de los 300.000 ciudadanos extranjeros de países no comunitarios ni con convenio bilateral; y los 60 millones de las 47.000 personas que superan el límite de ingresos de 100.000 euros.
"El Real Decreto-Ley ha permitido a lo largo de los más de cuatro años desde su entrada en vigor, identificar la entidad o país que debe de hacerse cargo del coste de la asistencia prestada en España y poder realizar la facturación a terceros correspondiente, sin que se hayan producido situaciones de desatención ni de desprotección, contribuyendo a la solvencia y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud", defiende el Ejecutivo.
