MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este miércoles ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados que los problemas de salud derivados de la dana han sido "menores a los inicialmente previstos", razón por la que ha destacado la "rapidez de respuesta" en cuanto a la vigilancia y a la implementación de medidas.
García ha valorado así los datos de los últimos informes, en los que se observan "un incremento leve de infecciones gastrointestinales en comparación con las zonas no afectadas", que es una "tendencia esperable tras una catástrofe de este tipo", todo ello en el marco de una comparecencia dedicada a hacer balance de su primer año en el cargo.
"Se han confirmado cuatro casos de leptospirosis, que han evolucionado favorablemente, sin fallecidos ni ingresos actuales. También se han registrado cuatro casos de legionelosis sin relación epidemiológica entre ellos, lo que descarta por el momento un brote común y de los que solo queda una persona ingresada. Estos datos son menores a los inicialmente previstos y reflejan la rapidez de respuesta en vigilancia y la implementación precoz de recomendaciones", ha manifestado.
En ese sentido, ha afirmado que la situación epidemiológica en las zonas afectadas continúa bajo una "vigilancia activa y constante para prevenir y controlar cualquier brote o riesgo sanitario que pueda surgir en las próximas semanas", señalando que están realizando reuniones bilaterales cada 48 horas para garantizar que la respuesta sea "rápida y eficaz".
La ministra también ha subrayado la creación de varios grupos de trabajo especializados en vigilancia epidemiológica, seguridad alimentaria, sanidad ambiental, enfermedades inmunoprevenibles, control de vectores y salud comunitaria.
Asimismo, ha manifestado que Sanidad está trabajando junto con el Comisionado de Salud Mental y la Consellería de Sanitat en el despliegue de las Unidades de Salud Mental de Emergencias (USME), unos equipos multidisciplinares de psicólogos, psicólogos clínicos, psiquiatras, enfermeras, trabajadores sociales y otros profesionales sanitarios y no sanitarios, todos ellos con conocimiento del terreno y de la población afectada, y repartidos según las necesidades de cada territorio.
