MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, ha confirmado al sindicato de funcionarios CSIF que la mutualidad de funcionarios del Estado Muface se ha visto obligada a prorrogar las cuentas de 2016, en 1.672 millones de euros, ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno debe negociar con los diferentes grupos parlamentarios.
"Esta congelación de las cuentas supone, en la práctica, el mantenimiento de los recortes en ayudas sociales de la mutualidad al colectivo de funcionarios y los problemas de financiación de esta entidad, como consecuencia de las políticas de ajuste, la reducción de los mutualistas por las restricciones en la oferta de empleo público y el agotamiento del remanente (fondo de reserva de la entidad)", señalan desde el sindicato.
CSIF ha presentado durante la reunión del Consejo General de Muface, donde ha coincidido con Collado, un informe en el que deja patente la situación que atraviesa la mutualidad y donde recomienda la necesidad de mantener y fortalecer el modelo de mutualismo administrativo.
El sindicato reclama voluntad política para mejorar la financiación, recuperando en el próximo presupuesto las cifras de 2010 -- donde sumando a la aportación de Hacienda el remanente de tesorería se alcanzó un presupuesto de 1.305.430 euros-- para empezar a eliminar los recortes introducidos, y partiendo de esta base, hacer frente a las necesidades reales.
Por otro lado, pide que se realice un estudio sobre la situación del copago farmacéutico para aquellos funcionarios pensionistas que ganan menos de 18.000 euros al año, pero que tienen que pagar el 30 por ciento de las medicinas. "Esta situación que no se corresponde en absoluto con lo que pagan los del mismo tramo de la Seguridad Social. En este punto, reclamamos que se retome el acuerdo de 2007 sobre la reducción del 30 al 15% para todos los pensionistas funcionarios del copago farmacéutico", añade.
INFORME DE MUFACE
En su informe el sindicato advierte de que la crisis económica ha tenido "gran repercusión" en la mutualidad, sin embargo considera que en estos momentos el Estado se encuentra en una nueva etapa con la formación del Gobierno central y un nuevo equipo en la Dirección General de Muface.
"Desde el 2009 hasta el 2013 se fue reduciendo las aportaciones de Hacienda porque hacían uso del remanente de tesorería hasta que este se acabó en 2013. "Más de mil millones que había en el remanente se han utilizado un tanto a la ligera estos años para que la mutualidad no quebrara", señalan.
CSIF defiende el modelo al considerar que hay que respetar los derechos adquiridos de los funcionarios acogidos al mutualismo administrativo, y defiende que no se trata de medicina privada, "ya que la asistencia médica que prestan las entidades médicas no se hace según el modelo de asistencia privada, sino que se hace bajo las condiciones que establece la Administración Pública en el Concierto que tienen que cumplir obligatoriamente".
Además, "sería un gravísimo problema para la sanidad pública incluir más de dos millones de personas en la atención sanitaria pública que podría colapsar el sistema". Y, añade, "pondría en riesgo la existencia de la estructura actual de la atención sanitaria en nuestro país, que se vertebra en torno a una mayoritaria presencia del Sistema Nacional de Salud completada por la oferta sanitaria de la iniciativa privada".
PROPUESTA DE CSIF
En su informe el sindicato pide al Gobierno que mejore la financiación y, concretamente, recupere el presupuesto de 2010 para empezar a "eliminar los recortes introducidos, y partiendo de esta base hacer frente a las necesidades reales"; asimismo, espera que se proporcione a las mutualidades la misma autonomía que tienen las comunidades autonomías para incorporar tratamientos novedosos, algo que no ocurre actualmente.
Conseguir un número corto de asistencia sanitaria para las urgencias para acabar con las situaciones que se están produciendo actualmente al derivar a todos los que necesitan una urgencia a los hospitales del régimen general. Y, en caso de que esto no sea viable, llegar a un acuerdo para que los servicios de urgencia puedan derivar a los que lo necesitan al hospital de referencia que les indiquen.
Y, por otro lado, acelerar la implantación de la receta electrónica; unificar los precios que las Administraciones Publicas cobran a las compañías; resolver el problema de la asistencia rural a los funcionarios; y llegar a un acuerdo con las compañías sanitarias del Concierto para que pongan a disposición de los mutualistas toda su oferta sanitaria.
