MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
La representante especial de Naciones Unidas para República Democrática del Congo (RDC), Leila Zerrougui, ha apuntado este miércoles a "factores políticos y sociales" que dificultan la lucha contra el brote de ébola en el país, que ha dejado ya más de 1.740 muertos.
En una comparecencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Zerrougui ha destacado los "altos niveles de desconfianza" en las comunidades ante la respuesta y ha lamentado que los grupos armados que opera en la zona han creado un "ambiente mortal" para las personas que trabajan en la respuesta ante el brote.
Así, ha manifestado que los casos registrados recientemente en la ciudad de Goma --situada cerca de la frontera con Ruanda-- y Uganda "han incrementado las preocupaciones sobre su expansión en las áreas de Beni y Butembo".
Esta situación llevó la semana pasada a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar el brote como una emergencia de salud pública internacional, si bien Zerrougui ha alertado de la necesidad de responder a otros brotes como el de sarampión, que ha dejado más víctimas que el ébola.
"El brote de sarampión ha causado la muerte de más de 2.000 personas desde el inicio de este año, incluso más que el ébola", ha señalado. El brote de ébola fue declarado en agosto de 2018.
Por ello, Zerrougui ha detallado que la Misión de Naciones Unidas en RDC (MONUSCO) ha cerrado oficinas en zonas en las que ya no hay conflicto armado para "centrar los recursos en el fortalecimiento de las instituciones estatales" y proteger a los civiles "en zonas en las que el conflicto y las actividades de los grupos armados siguen teniendo un impacto devastador".
En este sentido, ha hecho referencia al deterioro de la situación de seguridad en la provincia de Ituri, escenario además de un repunte de las tensiones intercomunitarias, en parte azuzadas por algunos de estos grupos.
Zerrougui ha destacado que los ataques del grupo rebelde islamista Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) "siguen causando unos estragos intolerables sobre los civiles" y ha denunciado casos de violencia sexual relacionada con el conflicto en el territorio de Masisi.
"Como resultado, el país hace frente en estos momentos a unas situaciones de emergencia simultáneas, incluido el desplazamiento masivo y las amenazas a la protección", ha detallado.
Más de 350.000 personas se han visto desplazadas en Ituri y 733.000 necesitan ayuda, mientras que el repunte de la violencia en Kivu Sur ha desplazado a otras 180.000 personas.
Por otra parte, ha manifestado que un creciente número de combatientes armados han expresado su deseo de entregar las armas desde la llegada a la Presidencia de Félix Tshisekedi.
"La mayor integración de excombatientes en el Ejército y la Policía durante los años anteriores llevó a una degradación de sus capacidades, el secuestro de la política de seguridad por redes paralelas y la incentivación de la creación de grupos armados ilegales", ha alertado.
