MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
Expertos independientes en derechos humanos de la ONU han emitido un comunicado donde piden a todos los Estados que, atendiendo a los derechos humanos, garanticen el acceso a servicios de aborto "legal, seguro y asequible", y a la posterior atención sanitaria para todas las mujeres y niñas.
"Todos los Estados deben reconocer que el aborto es parte de la atención médica y es una cuestión de derechos humanos, integralmente vinculado a la dignidad de las mujeres y las niñas y los derechos a la vida, la salud, la igualdad y la privacidad", señalan con motivo del Día Internacional del Aborto Seguro, que se celebra el sábado 28 septiembre.
La negación del acceso a un aborto seguro y legal lleva la prestación de servicios a las manos de profesionales no calificados y aumenta los riesgos para la salud y la seguridad de las mujeres afectadas, en forma de lesiones y muerte relacionada con el embarazo.
Actualmente, se estima que cada año se realizan 25 millones de abortos inseguros, que causa la muerte evitable de aproximadamente 22.000 mujeres, casi todas en países en desarrollo. Además, se estima que siete millones de mujeres y niñas que sufren lesiones que padecen discapacidad e infertilidad.
"En demasiados Estados, el aborto todavía está criminalizado o no es accesible en la práctica, incluso donde es legal. Algunas mujeres enfrentan encarcelamiento por la decisión de interrumpir un embarazo, incluso cuando su propia salud está en riesgo. Algunos están encarcelados en casos de aborto espontáneo", señalan en un comunicado.
De acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, continúan, "los Estados tienen la obligación de abstenerse del uso del derecho penal para castigar a las mujeres por interrumpir un embarazo, así como de derogar leyes y políticas restrictivas que ponen en riesgo la salud, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas".
Las personas que viven en la pobreza, en áreas rurales, con discapacidades, así como las mujeres migrantes e indígenas y las pertenecientes a minorías étnicas, continúan siendo las más afectadas por la discriminación estructural que limita su acceso a la atención médica, incluidos los servicios de aborto. Las mujeres y las niñas en situaciones de crisis, ya sea debido a conflictos, desastres naturales o medidas de austeridad económica, también enfrentan un mayor riesgo de daños.
Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, forma parte de la 'Declaración política sobre la cobertura universal de salud' el 23 de septiembre de 2019, firmada por Asamblea General de las Naciones Unidas. Poner fin al aborto inseguro en todo el mundo también formó parte hace veinticinco años de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, donde los gobiernos se comprometieron a evitar que ocurriera.
En la situación actual, añaden, no se puede "retroceder". "Las devastadoras consecuencias sobre la vida y la salud de las mujeres y las niñas causadas por los abortos inseguros no dejan espacio para el retroceso", explican.
