MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El PSOE creará un grupo de trabajo con el que pretende hacer un seguimiento de las distintas situaciones que pueden estar viviendo las personas que, por superar los 90 días de estancia fuera de España, sufran una retirada de la tarjeta sanitaria.
Tras reunirse este viernes los responsables de área de su Ejecutiva Federal en Ferraz y recordar las iniciativas parlamentarias que ya han presentado esta semana en el Congreso, como la proposición de ley para recuperar estos derechos, han anunciado su intención de llevar a cabo iniciativas a nivel europeo, pero también para los españoles en el resto del mundo a los que este gobierno ha decidido abandonar cortando las prestaciones existentes.
El PSOE ha denunciado que el Gobierno del PP ha quitado la prestación por desempleo y la asistencia sanitaria a los parados que pasen más de 90 días fuera de España, por razón de búsqueda de empleo o formación.
Los socialistas consideran que "esta decisión, que figura en la Ley de Presupuesto y que ha entrado en vigor el 1 de enero, es un ataque que quita derechos y se ceba con los más débiles y vulnerables de la sociedad, pues afecta a quienes se han visto abocados a emigrar en busca de oportunidades que aquí no encuentran".
En la reunión en la sede de Ferraz, coordinada por el Secretario Ejecutivo para la UE, Juan Moscoso del Prado, se han analizado varias iniciativas para llevar a Europa contra la pérdida de la tarjeta sanitaria y el recorte de las prestaciones por desempleo.
En ella han participado, entre otros, la Secretaria de Política Social, Trinidad Jiménez, la Secretaria de Igualdad, Purificación Causapié, el Secretario General de la Delegación Socialista española en el Parlamento Europeo, Sergio Gutiérrez, y el Secretario General de Juventudes Socialistas, Nino Torre.
Para el PSOE "esta situación a los parados que han agotado sus prestaciones y emigran, ya que la decisión del Gobierno podría afectar a cientos de miles de españoles". Así, se han mostrado contrarios a que un ciudadano español pueda perder derechos sociales por ejercer la libertad de circulación, lo que implica además ir contra los principios básicos que rigen en la UE.
