Los enfermeros cuentan con el apoyo de 12 CCAA y la oposición de que la norma será impugnada y no se aplicará
MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un dictamen independiente elaborado por el despacho de abogados Gómez-Acebo y Pombo certifica la "enorme inseguridad jurídica" que causará el Real Decreto que regula el uso, indicación y autorización de medicamentos por parte del personal de Enfermería aprobado hace un mes por el Gobierno, lo que se ha conocido como 'prescripción' enfermera, desde el momento en que entre en vigor.
El informe, realizado a petición de la Mesa de la Profesión Enfermera, formada por el Consejo General de Enfermería y el sindicato Satse, será utilizado por esta institución en el recurso ante el Tribunal Supremo que presentarán cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
De hecho, según ha explicado uno de sus autores, Carlos Vázquez Cobos, tras el análisis aconsejan su impugnación y avisan del "riesgo de responsabilidades personales" en que podrían incurrir los enfermeros si se aplica la norma.
No obstante, los enfermeros confían en que el Gobierno no lo publiquen y pueda modificarse después de las próximas elecciones generales, ya que dicen contar con el apoyo de todos los partidos de la oposición y 12 comunidades autónomas.
"Es la antología de un disparate. No creemos que se publique porque es imposible que se aplique", ha argumentado Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería.
El informe jurídico y el recurso ante el Supremo se centra en la anulación del artículo 3 del Real Decreto, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 23 de octubre ya que, según Vázquez Cobos, "obliga a los médicos a estar presentes" en todo el proceso de uso, indicación y autorización de un medicamento por parte de los enfermeros.
UNA "INSEGURIDAD PARA TODO EL SNS"
Esto genera una "inseguridad jurídica para los médicos, para los enfermeros y para todo el Sistema Nacional de Salud (SNS)", según este experto, que también cuestiona que el citado articulado "pone en duda la legalidad" de la Ley del Medicamento que desarrolla.
Además, ha criticado que el artículo no estuviera incluido en el texto que analizó el Consejo de Estado antes de su aprobación ya que, "aunque sólo afecta a un párrafo, es sustancial porque cambia el contenido de todo el contenido del Real Decreto", por lo que debería haberse sometido a un nuevo dictamen de dicho órgano consultivo.
Del mismo modo, Vázquez Cobos considera algo "excepcional" en el ámbito jurídico que una norma tarde un mes en ser publicada en el BOE después de su aprobación en Consejo de Ministros, sobre todo cuando "su articulado no es muy extenso".
Los enfermeros celebran que el texto siga sin ver la luz ya que, como ha advertido el presidente de Satse, Víctor Aznar, "si lo hace los mecanismos de defensa saltarán en el mismo momento". Y además del recurso ante el Supremo, los enfermeros también han avisado de que se limitarán a "hacer lo que dice la Ley" con el consiguiente "aumento de la crispación y las listas de espera".
"NINGUNA ENFERMERA QUIERE EJERCER DE MÉDICO"
Por su parte, el presidente del Consejo General ha insistido en que "ninguna enfermera quiere ejercer de médico sino de enfermera, pero quieren hacerlo bien y con seguridad", y tacha de "cobarde" que el Gobierno siga sin publicar la norma.
"Deben tener mala conciencia por saber que han hecho algo que no debían", ha criticado González Jurado, que ha centrado sus críticas en el titular de Sanidad, Alfonso Alonso, a quien considera "un mal ministro por no haber cumplido la ley".
Además, confía en que tras las elecciones generales "se reconduzca la situación" ya que en las últimas semanas han mantenido múltiples reuniones y cuentan con el respaldo del PSOE, Ciudadanos, Podemos y PNV, además de 12 comunidades autónomas que "se han comprometido a impugnar la norma en el momento en que se publique".
En los próximos días la Mesa de la Profesión presentará los resultados de una encuesta elaborada para conocer la opinión del colectivo sobre este asunto. Hasta el momento ha contado con la participación de unos 25.000 profesionales (el 10% del colectivo) que consideran "fantástica e histórica".
Además, insisten que tras las elecciones darán 100 días al nuevo Ejecutivo para que dé respuesta a estas y otras reivindicaciones de esta profesión. "No vamos a consentir que se nos coarte nuestro crecimiento profesional y económico", ha censurado el presidente de Satse.
