MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
Dolors Montserrat llega al Ministerio de Sanidad para liderar un área con pocas competencias, ya que la mayor parte están transferidas a las comunidades autónomas, pero con la necesidad de intentar evitar desigualdades territoriales, garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y mejorar las condiciones laborales de sus profesionales, que en la anterior legislatura se han visto salpicadas por el conflicto entre médicos y enfermeros por la prescripción de medicamentos.
La primera legislatura de Rajoy se caracterizó en el ámbito sanitario por la reforma impulsada en 2012 por la entonces ministra Ana Mato, con medidas polémicas como la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes irregulares, la implantación de nuevos copagos o la desfinanciación de cientos de medicamentos.
De hecho, gran parte de la oposición pretende recuperar la universalidad de la sanidad para evitar que nadie quede fuera del sistema e incluso el anterior ministro del ramo, Alfonso Alonso, se comprometió a que los inmigrantes 'sin papeles' volvieran a ser atendidos en las consultas de Atención Primaria, aunque finalmente no concretó cómo llevarlo a cabo.
Más allá de eso, la sanidad pública en España viene arrastrando desde hace varios años un problema de financiación que se vio agravado al inicio de la anterior legislatura, cuando los gobiernos autonómicos arrastraban una deuda con sus proveedores de más de 15.000 millones de euros que fue resuelta en parte gracias al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el plan de pago a proveedores impulsados desde Hacienda.
En el sector hay quienes optan por poner en marcha una financiación finalista para que parte de lo recaudado mediante impuestos vaya directamente destinado a la Sanidad, mientras que otros también reclaman que el Ministerio asuma más competencias o que, al menos, las decisiones que el Gobierno y las comunidades acuerden en el Consejo Interterritorial del SNS sean vinculantes.
De este modo, se reducirían las actuales desigualdades entre comunidades autónomas tanto en los presupuestos por habitante (que varían entre los 1.600 euros del País Vasco a los 1.007 de Andalucía en 2015) como en el acceso a prestaciones sanitarias o tratamientos.
De hecho, uno de los retos de Monsterrat será definir cómo el sistema debe hacer frente al elevado precio de los medicamentos innovadores que se vayan aprobando, otra de las amenazas para la sostenibilidad del SNS como ya se vio hace un año con los nuevos fármacos de la hepatitis C, que conllevaron una inversión de más de 700 millones de euros.
Para ello, la nueva ministra deberá decidir si se siguen impulsando las compras conjuntas, como ya se hace con las vacunas y otros productos sanitarios, y se generalizan otras vías de financiación como la creación de techos de gasto o acuerdos de riesgo compartido con los laboratorios farmacéuticos.
A LA ESPERA DE UN PACTO SOCIOSANITARIO
Asimismo, la anterior legislatura también dejó pendiente la puesta en marcha de gran pacto socio-sanitario que permita integrar ambos sistemas y completar la implantación definitiva y la interoperabilidad de la 'e-salud', que incluye la receta electrónica y la historia clínica digital.
La integración se ampara en el progresivo envejecimiento de la población y en la necesidad de mejorar el abordaje de las enfermedades crónicas, que representan ya el 75 por ciento del gasto sanitario, lo que requiere reorientar la atención a los cuidados de larga duración.
Por otro lado, también queda pendiente completar la implantación definitiva de la historia clínica digital y de la receta electrónica, y conseguir que ambas sean interoperables en toda España, con independencia de la comunidad donde resida cada ciudadano.
PRECARIEDAD LABORAL Y LA DISPUTA MÉDICOS-ENFERMEROS
Asimismo, en esta legislatura Montserrat deberá dar una solución a las necesidades laborales y competenciales de los profesionales sanitarios, que en la anterior legislatura fue polarizada por el enfrentamiento entre médicos y enfermeros por el uso e indicación de medicamentos.
A finales del año pasado el entonces ministro Alfonso Alonso llevó al Consejo de Ministros la aprobación del Real Decreto que regula el uso, indicación y autorización de medicamentos por parte de los enfermeros, conocido como 'prescripción enfermera'.
La norma fue bien acogida por los médicos al definir que la prescripción de medicamentos sujetos a prescripción médica es "inseparable" del diagnóstico, cuyo aprendizaje se adquiere en los estudios universitarios del grado de Medicina, por lo que "sólo es competencia del médico y, en su caso, del odontólogo y el podólogo".
En cambio, los enfermeros la tacharon de una "ilegalidad absoluta" al romper con el Estado de derecho y vulnerar la reforma de la Ley del Medicamento que se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2009 para habilitar nuevas competencias a estos profesionales.
De hecho, tanto el Consejo General de Enfermería como los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y Satse recurrieron el RD ante el Tribunal Supremo la 'prescripción enfermera', al igual que los gobiernos de Baleares, Cataluña, País Vasco, Aragón, Navarra y Canarias y los colegios oficiales de Enfermería de Comunidad Valenciana, Navarra y Baleares.
Además, Montserrat también tendrá que tomar medidas para acabar con la precariedad laboral y la temporalidad que vienen denunciando desde hace tiempo ambas instituciones y que no se han resuelto pese a los Pactos firmados en 2013 en La Moncloa.
De hecho, el mes pasado Sanidad y las comunidades autónomas acordaron crear un grupo de trabajo para estudiar soluciones que permitan reducir la actual tasa de temporalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), sobre todo tras las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) sobre el personal temporal en el sector sanitario en España.
¿HABRÁ LEY DEL ALCOHOL EN MENORES?
Además, los exministros Mato y Alonso también dejaron pendiente la puesta en marcha de una ley para evitar el consumo de alcohol en menores de edad, especialmente entre los 14 y los 16 años, en la que trabajaban en colaboración con el Ministerio de Agricultura.
La elaboración de esta norma se debe a que la edad de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas se sitúa actualmente en los 13,9 años de media, según las últimas encuestas, que también muestran que un 52 por ciento de los chicos y chicas de 16 reconoce haberse emborrachado al menos una vez durante el último año.
Los primeros borradores de la norma apuntaban a una unificación y endurecimiento de las sanciones para los establecimientos que faciliten el acceso de estas bebidas a menores de 18 años, con posibles distinciones en función de su graduación.
Asimismo, Montserrat tiene pendientes otros proyectos normativos más técnicos, como el Real Decreto de Gestión Clínica o el de precios y financiación de fármacos; o buscar un sustituto a Rafael Matesanz para dirigir la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), ámbito en el que España es líder a nivel mundial, después de que éste anunciara su intención de dejar el cargo cuando hubiera un nuevo ministro. Y ya la hay.
