MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
Salud por Derecho ha instado al Gobierno a defender "con firmeza" las medidas contra el cambio climático desde la Presidencia Española de la Unión Europea, a través de un documento con recomendaciones que han enviado este lunes a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
En el mismo, la organización ha mostrado su "preocupación" por la inacción y los limitados avances que se esperan en la COP28, a pesar de la trascendencia del momento, y recuerda que la falta de compromisos reales y efectivos dificultará aún más poder alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.
En concreto, Salud por Derecho pide acabar con los combustibles fósiles a través de un plan global que permita su eliminación gradual, promoviendo energías renovables y medidas que impulsen la eficiencia energética. La meta es reducir las emisiones en un 43 por ciento para 2030 y un 60 por ciento para 2035 con respecto a los niveles de 2019. "Para conseguirlo, es imprescindible acabar con toda financiación pública para combustibles fósiles, incluidos los subsidios. Según el Fondo Monetario Internacional, los subsidios globales a este asunto alcanzaron los siete billones de dólares en 2022, un máximo histórico", recalcan desde la organización.
Siguiendo con la financiación, Salud por Derecho destaca la obligación de los países con rentas más altas de cumplir cuanto antes el compromiso de destinar 100.000 millones de dólares a la financiación climática que adoptaron para 2020. Asimismo, reclama un aumento de la inversión destinada a políticas de adaptación para 2025, apoyando a los países con menores ingresos a hacer más fuertes y resistentes sus sistemas de salud y a mejorar aspectos clave como el acceso al agua, saneamiento, vivienda o infraestructuras sostenibles.
Además, la organización recuerda que la financiación destinada a inversiones en políticas de adaptación es menor porque se priorizan las acciones de mitigación. "Sin embargo, ambas políticas son necesarias y complementarias, por lo que su financiación también debe serlo", han expresado.
La organización reclama, asimismo, la puesta en marcha de fondo de pérdidas y daños para atender las necesidades de las comunidades más afectadas. A su juicio, esta financiación debe otorgarse en forma de subvenciones y no préstamos, teniendo en cuenta los contextos específicos de las regiones que los soliciten e ir acompañados con planes de protección social para mejorar el acceso a los servicios de salud de las comunidades afectadas.
Otras medidas que recoge el informe son planes especiales para prevenir los problemas de salud y reducir las muertes relacionadas con el cambio climático, así como proteger a las poblaciones y comunidades más afectadas y vulnerables; y garantizar la protección del derecho a la salud de los migrantes climáticos.
