MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha asegurado en el Senado que va a trabajar con el Ministerio de Empleo para garantizar la protección laboral de las personas que quieren donar un órgano en vida antes de la intervención, con el objetivo de evitar que tengan problemas en su trabajo por este motivo.
"Somos conscientes de la problemática laboral que tienen los donantes previa a la donación del órgano", ha señalado durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, lamentando que estas personas tenga que coger vacaciones para realizar esta actividad o puedan ser despedidos por este motivo.
De hecho, el director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Rafael Matesanz, ya reclamó la semana pasada una modificación legal que otorgue una protección social y laboral a estas personas similar a las que tienen las mujeres durante el embarazo y postparto.
Montserrat ha reconocido que actualmente el acto de donación tiene la consideración de enfermedad común, por lo que "se reconoce una situación de incapacidad temporal cuando el donante que trabaja está impedido para el trabajo y tiene derecho al subsidio correspondiente cuando se reúnen unos requisitos".
Asimismo, existen unos epígrafes concretos para codificar esta situación a la hora de emitir los partes médicos de baja tras la intervención.
No obstante, la ministra ha reconocido que todavía hay que solucionar la situación de estas personas los días previos a la donación y por ello ha avanzado que hablarán con Empleo y las sociedades científicas a fin de determinar como se considera la baja laboral previa que puedan necesitar, así como los casos de despido que estén motivados por la propia donación.
El senador socialista José Martínez Olmos ha reclamado a Sanidad un compromiso real con los donantes y ha avanzado que su grupo pedirá en el Congreso que la extracción de un órgano para la donación entre vivos se considere una causa específica de incapacidad laboral con el consiguiente disfrute de la prestación monetaria.
El objetivo de su petición, que registrarán próximamente mediante una proposición no de ley en la Cámara Baja, es también garantizar que el cambio en las circunstancias de salud que pueda conllevar la donación no suponga una "penalización" posterior en el puesto de trabajo.
