MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha advertido de que la "complejidad" del nuevo modelo de jubilación parcial para el personal laboral que el Gobierno pondrá en marcha el próximo 1 de abril conlleva "distintos problemas" en su aplicación práctica que "dificultarán que todo profesional interesado en beneficiarse de este tipo de jubilación pueda hacerlo".
"El Gobierno y las organizaciones sindicales que respaldan este modelo (CCOO y UGT) deberían ser más prudentes y menos triunfalistas, porque las modificaciones legislativas respecto a la jubilación, introducidas por el Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, van a encontrarse con serias dificultades para hacerse realidad en el ámbito de los empleados públicos", señalan desde SATSE.
La organización subraya que, a partir de ahora, resultará necesario contratar a un sustituto por tiempo indefinido -antes era por el tiempo de duración de la jubilación parcial-, lo cual es "totalmente incompatible" con la función pública sin un proceso selectivo de por medio.
Según SATSE, esto supone que toda solicitud de jubilación parcial quedará condicionada a una oferta de empleo público que deberá haber previsto el establecimiento de un cupo de plazas destinadas a cubrir las solicitudes de jubilación parcial que realice el personal empleado público.
"Así, el Gobierno pretende que cada administración pública contemple anualmente, en su Oferta de Empleo Público o instrumento similar, una previsión de las personas sustitutas necesarias para cubrir las jubilaciones parciales de personal laboral", apunta la organización.
SIN VINCULACIÓN DIRECTA
Además, SATSE explica que las personas sustitutas serán personal laboral fijo de la misma categoría o superior que las personas jubiladas parcialmente, y sus funciones y centros de trabajo podrán ser los mismos de las personas jubiladas pero también otros distintos en función de las necesidades de cada administración. "Es decir, no habrá una vinculación directa y clara entre el nuevo empleado público y la persona que sustituya como hasta ahora", añade.
Para el Sindicato, todo esto puede provocar un claro "efecto disuasorio" que lleve finalmente a que haya desequilibrios entre el personal "relevista" y los profesionales que se quieran jubilar de manera parcial y que, por tanto, "no todo empleado público que lo solicite pueda acceder a este derecho que Gobierno y otros sindicatos están vendiendo como algo seguro", apunta.
"MENOS FACILIDADES"
En este punto, SATSE indica que, en el caso del sector privado, se establece que la empresa deberá contratar, de manera indefinida y a tiempo completo, a una persona desempleada. Además, el contrato deberá mantenerse en los dos años posteriores a la extinción de la jubilación parcial, o celebrarse un nuevo contrato por el tiempo restante, con posibles consecuencias económicas en caso de no cumplirse esta medida, "lo que evidentemente hará más difícil que las empresas den facilidades para el acceso a la jubilación parcial de sus trabajadores", señala.
De otro lado, el Sindicato recuerda que las modificaciones legislativas que entrarán en vigor en abril no se aplican directamente al personal funcionario y estatutario en tanto no se regule la figura del "nombramiento de relevo". Una demanda planteada por SATSE al Ministerio de Sanidad desde el inicio de la negociación para reformar el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y que ha sido incluida en el anteproyecto de ley del estatuto marco que se está negociando actualmente.
Por su parte, SATSE recuerda que el Gobierno ha presentado enmiendas a su propio texto de Proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado para modificar el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley General de la Seguridad Social a fin de posibilitar el acceso a la jubilación parcial de los empleados públicos: laborales, funcionarios y estatutarios.
SATSE destaca que, además de con "gran retraso", el Gobierno pretende regular la jubilación parcial en un contexto parlamentario de permanente confrontación política que hace muy complicado sacar adelante cualquier proyecto normativo.
