MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha subrayado que el incremento de las agresiones notificadas por los profesionales sanitarios en 2023 vuelve a dar la razón a la organización sindical en su demanda de aprobar una Ley estatal que obligue a las administraciones sanitarias a implementar medidas más contundentes y eficaces contra la violencia en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
SATSE ha afirmado que los datos del nuevo 'Informe de Agresiones a Profesionales del Sistema Nacional de Salud 2023' constatan que el problema de la violencia en el ámbito sanitario sigue en aumento en España, teniendo en cuenta, además, que "no es una radiografía real ni exacta", ya que solo se recogen los casos notificados.
Según el informe hecho público por el Ministerio de Sanidad, el 30 por ciento del total de casos han tenido como víctima a una enfermera. La tasa de notificaciones de agresiones por 1.000 profesionales de Enfermería fue en 2023 de 24,19, cinco puntos más que el año anterior.
En términos generales, el incremento de casos de agresiones registrados ha sido de cuatro puntos, siendo las mujeres las más agredidas (76 por ciento), y los insultos y amenazas las agresiones más frecuentes. Respecto a las causas, la atención percibida por el paciente o sus demandas son las más habituales.
SATSE ha señalado el trabajo que viene realizando desde hace años para informar, sensibilizar y presionar a las administraciones públicas para acabar con este grave problema. Además, ha apuntado que en 2018 trasladó al Gobierno, consejerías de Sanidad y partidos políticos una propuesta de norma estatal para prevenir la violencia y ayudar al profesional afectado.
El Sindicato de Enfermería considera que esta norma es "muy necesaria" e insta a los partidos políticos a que la impulsen para conseguir atajar este problema que afecta al conjunto de profesionales que trabajan en el sistema sanitario.
SATSE ha reiterado la necesidad de dar una respuesta "conjunta, regularizada y eficaz" por parte de las organizaciones sanitarias para acabar con la violencia en este ámbito. Según ha señalado, en la actualidad, consejerías de sanidad y gerencias actúan de manera "independiente, descoordinada, y, en muchas ocasiones, insuficiente".
El objetivo prioritario tiene que ser que cualquier profesional, independientemente del lugar donde ejerza su actividad, tenga a su disposición los mismos recursos, atención y apoyo y eso "solo es posible" si se aprueba una regulación estatal de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas y también para las empresas sanitarias privadas, ha apuntado.
La organización sindical ha recordado que sus encuestas de los últimos años concluyen que ocho de cada 10 enfermeras han sufrido alguna agresión, ya sea física (empujones, puñetazos, golpes…) o verbal (amenazas, gritos, insultos…) en el desempeño de su trabajo. Un problema que mantiene una tendencia al alza en los últimos años, como constata el nuevo informe del Ministerio de Sanidad.
