MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco ha dictado una sentencia por la que confirma la suspensión de la Instrucción del Servicio Vasco de Salud del mes de mayo de 2016 en la que se obliga a los enfermeros vascos a vacunar a la población sin necesidad de exigir una prescripción médica previa individualizada, una premisa contraria al Real Decreto 954/2015 que regula la prescripción enfermera, tal y como ha informado la Organización Colegial de Enfermería de España.
Esta sentencia del TSJ del País Vasco viene a refrendar un anterior auto, dictado en noviembre de 2016 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Victoria-Gasteiz, que acordaba la suspensión cautelar de la Instrucción número 7/2016, de 2 de mayo, del director general del Servicio Vasco de Salud, que determinaba que los enfermeros tenían la obligación de vacunar a los pacientes sin necesidad de exigir una prescripción médica individualizada de cada vacuna.
Dicha instrucción, según ha señalado la organización colegial, basaba sus argumentos en que el calendario vacunal o las campañas de vacunación se derivaban de una decisión adoptada por la autoridad sanitaria en materia de salud pública. "El Gobierno Vasco no es el único que ha hecho valer dichos argumentos para obligar a los enfermeros a vacunar: este tipo de Instrucción ha sido replicada en prácticamente todas las Comunidades Autónomas con idéntica justificación y los argumentos han sido replicados por los consejeros de Sanidad de toda España y la Secretaría General del Ministerio de Sanidad, entre otras autoridades", ha recordado.
Ante todo ello, la Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería (SATSE), ha mostrado su "satisfacción" porque la justicia refrende lo que ya venía advirtiendo desde la aprobación en diciembre de 2015 del Real Decreto de prescripción enfermera: "los cambios en el texto, introducidos a espaldas de la Enfermería, han tenido efectos perversos para el normal funcionamiento del sistema sanitario convirtiendo en "ilegales" actuaciones cotidianas que garantizan el correcto y normal funcionamiento del sistema sanitario y la colaboración entre los distintos profesionales".
Asimismo, las entidades han alertado de que, al poner en marcha lo dispuesto por el tribunal, los usuarios del sistema de salud tendrán que ser previamente valorados por el médico para que los enfermeros puedan administrar una vacuna, lo que va a acentuar, aún más si cabe, los problemas en la atención sanitaria hacia ciudadanos y pacientes, dado que, por otro lado, no se puede inducir a los profesionales, ya sean enfermeros o médicos, a mantener una actitud que provoque su inseguridad jurídica por acción o por omisión respectivamente.
Dicho esto, la Mesa de la Profesión Enfermera ha asegurado que sigue trabajando con la profesión médica y sus legítimos representantes, y con el Ministerio de Sanidad, en el seno del Foro de las Profesiones Sanitarias de dicho ministerio, para resolver la situación.
Asimismo, ha enviado cartas a la ministra de Sanidad y a los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, informando de la sentencia y sus consecuencias, y sigue ofreciendo a todas las partes su "mejor disponibilidad" para, de forma "dialogada y consensuada2, alcanzar el necesario acuerdo que restablezca la "normalidad," garantizando la seguridad de los pacientes y tratando de evitar innecesarios conflictos interprofesionales.
"Ahora resulta más urgente si cabe la necesidad de alcanzar el consenso necesario y modificar el Real Decreto. Sólo la modificación de este Real Decreto devolverá a médicos y enfermeros la seguridad jurídica para propiciar el trabajo en equipo interdisciplinar garantizando los derechos de los pacientes. Mientras no sea así, si un enfermero administra una vacuna sin que exista una prescripción previa del médico, estará vulnerando la legalidad y realizando una actividad que es competencia de otro profesional, y por tanto podría estar cometiendo un delito de intrusismo profesional", ha zanjado.
